Montero critica el descenso del 20% en PGE y que demuestra que el Estado de Bienestar se sostiene por las CCAA

Lamenta la ideología conservadora de miembros del Comité de Bioética y recalaca que Andalucía seguirá garantizando la atención a los inmigrantes

La consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles el descenso del 20 por ciento en la asignación destinada a políticas sociales y de Sanidad en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, lo que supone, según sus palabras, que es el "esfuerzo" de las comunidades autónomas el que sustenta el Estado de Bienestar.

En declaraciones a los periodistas a la entrada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Montero ha dicho que, concretamente, el presupuesto experimenta "un crecimiento que no es real", sino a costa de partidas para pagar deudas contraídas a la Seguridad Social. De ese modo, cuando se "despeja ese asunto", lo cierto es que los presupuestos se reducen un 20 por ciento.

Concretamente, ha criticado algunas bajadas "especialmente significativas", como los recursos para la investigación, que descienden entre un 40 y un 50 por ciento; los destinados a la estrategia de Salud, también en ese entorno o las políticas de salud pública y apoyo a profesionales, que se reducen sobre un 16 por ciento. De la misma forma, ha subrayado que, de acuerdo a sus datos, en lo que se refiere a las políticas sociales, la partida que va a las comunidades autónomas para financiar a la Dependencia se reduce un 16 por ciento.

Para Montero, esa reducción en las asignaciones pone de manifiesto que "hoy por hoy el Estado de Bienestar está sostenido solo por esfuerzo de las comunidades autónomas" que, además, según ha recalcado, soportan un objetivo de déficit superior al del Estado.

"Eso va en la hoja de ruta de debilitamiento de los sistemas de protección que lleva a cabo el Gobierno de España. Lejos de fortalecernos en la crisis, especialmente a las clases trabajadoras, la financiación causa que en las comunidades autónomas haya mayores recortes, ajustes y debilitamiento, lo que no va para nada en la linea del Gobierno andaluz, que cree que debemos ser capaces de buscar salidas a la crisis, sobre todo al desempleo, pero, a la vez, fortalecer políticas de protección", ha resumido.

En torno a los presupuestos, Montero también ha manifestado su desacuerdo con que el Ministerio de Sanidad "pierda la pista" al Fondo de Cohesión para las compensación entre comunidades por la asistencia sanitaria a ciudadanos desplazados. Al respecto, ha dicho que es "algo paradójico" que el Decreto 16/2012 justifique la quiebra del sistema sanitario en la necesidad de las comunidades autónomas de cobrar las partidas correspondientes a desplazados y ahora "desaparezca" el fondo que era el que existía para esas compensaciones.

Comité de bioética conservador

Por otra parte, con respecto a la composición del Comité de Bioética, la consejera andaluza ha mantenido que ha habido "cierta confusión" con los sistemas y metodología para que las comunidades autónomas se pronunciaran sobre la renovación de sus miembros y, finalmente, la composición del mismo "incluye personas con marcado carácter conservador".

Montero ha dicho que hay miembros que tienen publicaciones o han hecho declaraciones en torno a temas que "ideológicamente pueden ser polémicos", como la investigación con células madre o la interrupción del embarazo. Así, advierte de una "conversión hacia posiciones más conservadoras, más acordes con ideología del Gobierno".

"exclusión" de inmigrantes

La responsable de la Junta también se ha pronunciado sobre el convenio para la atención de inmigrantes, que recoge que éstos deben pagar entre 710 y 1.864 euros para garantizar su atención no urgente, lo que, según sus palabras causa la "exclusión de estos colectivos de la atención sanitaria".

Montero ha confiado en que el consejo de este miércoles recoja las fórmulas que ha adoptado cada comunidad autónoma y se aborde la actitud de aquellas regiones que, como Andalucía, han optado por mantener el nivel de atención y en la que únicamente suscribirán el convenio los inmigrantes que quieran tener asegurada su atención en el resto del país.

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