Las universidades de Sevilla (US) y Pablo de Olavide (UPO) subrayan que la convocatoria de plazas de promoción interna para profesorado son anteriores a la publicación por parte del Gobierno central de la orden de tasa de reposición del diez por ciento, recogida en el Real Decreto de 14 de abril de 2012.

Así se manifiestan desde las universidades sevillanas ante el requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a éstas para que paralicen estas convocatorias por haber superado la tasa de reposición fijada en un diez por ciento. Del mismo modo, este apercibimiento abre la posibilidad de que la Abogacía del Estado presente un recurso a estas convocatorias, después de que estudie toda la información y antes de un periodo de dos meses que finalice el 31 de octubre.

La Universidad de Sevilla aclara que "no han convocado nuevas plazas, sino que las trece plazas convocadas fueron anteriores a la orden de reposición". Fuentes de la Hispalense han indicado a Europa Press que "ya se han celebrado las oposiciones", reiterando que "no se han convocado después de la tasa de reposición". "Nos piden que la anulemos, pero las trece plazas están convocadas en tiempo y forma, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE)", añaden.

Por otro lado, desde la US se resalta que la universidad es "la única administración donde la promoción interna requiere de un concurso público". De otro lado, las mismas fuentes subrayan que "lo importante y fundamental" es que existen "discrepancias de criterio de interpretación de la tasa de reposición entre lo que dice el Ministerio y lo que entiende la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que señala que la norma sólo habla del diez por ciento, sin especificar si hace referencia al volumen salarial o al número de personas".

En este sentido, han insistido en que "no aclara si hay que atender a la masa salarial o a las personas". Además, según apuntan, existe "otro problema de interpretación, en una universidad no es lo mismo un Personal de Administración y Servicio (PAS) que un profesor".

Por otro lado, la Universidad de Sevilla asegura que han continuado adelante con este procedimiento interno "con el beneplácito y la autorización de los interesados, advirtiendo a las personas implicadas que podrían verse afectado por este recurso de la Abogacía del Estado".

"No hemos convocado más plazas, sino que estaban convocadas ante la orden del Ministerio sobre la tasa de reposición", han insistido desde la Hispalense. "Continuamos con el proceso porque estamos dentro de la legalidad", añaden.

Universidad pablo de olavide

Por su parte, el vicerrector de Planificación Docente y Profesorado de la UPO, José Antonio Sánchez Medina, ha explicado a Europa Press que antes de llegar el requerimiento del Ministerio estaba en proceso la convocatoria de selección de 19 plazas, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la universidad en febrero. De esta manera, la petición del departamento de Cristóbal Montoro afecta a 32 profesores de las instituciones académicas sevillanas.

Del mismo modo, Sánchez Medina ha asegurado que la UPO tiene paralizada 25 plazas de promoción interna y cuyo expediente de convocatoria "no se va a iniciar" hasta que "no se aclare la normativa estatal de reposición".

En este sentido, ha echado la vista atrás para señalar que tras el Real Decreto de 31 de diciembre de 2011 por el que "no se puede convocar plazas de empleo público", la CRUE prepara un informe defendiendo la autonomía de las universidades para gestionar la plantilla. Más tarde, el 14 de abril, el Gobierno aprueba otro nuevo Real Decreto que establece la tasa de reposición del diez por ciento.

"Entre ambos decretos, la UPO, en Consejo de Gobierno en febrero, aprobó 34 plazas, de las que 19 se encuentran en proceso de selección de candidatos, es decir, en el momento final y cuando la universidad no tiene control sobre ellas, sino los comités de selección, elegidos a nivel estatal", ha afirmado.

Las 19 plazas, a las que hace referencia el escrito del Ministerio de Hacienda, se incluyen en un proceso que se inició a finales de febrero. Con respecto al posible recurso de la Abogacía del Estado, Sánchez Medina ha señalado que "aún no lo han hecho, por lo que aún no hemos contestado".

Sánchez Medina ha asegurado que la decisión de las universidades "no tiene repercusión presupuestaria" pues "mantiene el gasto de personal". Además, "cumple los reales decreto en letra y espíritu", ha indicado.

Por último, el vicerrector defiende la autonomía universitaria y subraya que este requerimiento se ha producido a nivel estatal, afectando a universidades en la misma situación que las sevillanas.