El exconseller de Turismo del Govern y expresidente de la extinta Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, quien desde este martes se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados por auspiciar la contratación presuntamente fraudulenta por 13.080 euros de un exconcejal 'uemita' en concepto de dádiva, ha negado que ordenase encargo alguno al exregidor como gratificación. "Jamás se me hubiera ocurrido", ha aseverado tajante el exdirigente de la formación, para quien la Fiscalía solicita cuatro años y cuatro meses de cárcel.

Durante su declaración ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, en el marco del segundo juicio del caso Voltor, ha explicado que tras ser nombrado conseller en septiembre de 2008, "me vino a ver mucha gente, muchos alcaldes y concejales, que querían saber si habría una política continuista" y, en este contexto, el entonces concejal de Turismo en Sóller Tomás Plomer le comentó en una reunión que por ser regidor de esta área "tenía muchos gastos" y que la política "le estaba costando mucho dinero".

Así, ha negado que Plomer le reclamase una contraprestación a cambio de su apoyo político y ha asegurado, de hecho, que se enteró de que se había realizado una contratación supuestamente ilegal "cuando fui detenido" en el marco de esta causa, a principios de 2010. Es más, el exconseller ha espetado que cuando entró en la Conselleria corría el rumor de que con su antecesor Francesc Buils "no se hacían las cosas bien", por lo que nada más ser nombrado titular de este departamento "ordené que las cosas se hicieran bien y de forma legal".

En este contexto, quien fuese 'delfín' de la expresidenta del Parlament balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha recordado que Plomer fue a verle "como muchas otras personas" en un encuentro al que acudió junto al exalcalde de ese municipio Antoni Arbona. Ante las reivindicaciones de ambos, Nadal les dijo "ja ho miraré", expresión que, ha apostillado, "emplean muchos políticos para no pronunciarse pero sí decir que mirarán [las peticiones] con buenos ojos".

El expresidente de UM, sobre el que ya pesan dos años y siete meses por un anterior juicio en el que fue condenado junto a Munar, ha aseverado que llegó a la Conselleria "en una situación de crisis", generada a raíz de que Buils cesase al exdirector general de Promoción Turística Joan Sastre y al exgerente del Inestur Antoni Oliver "sin informar al partido", tras lo cual se acordó su destitución y Nadal cogió su relevo.

Según ha puesto de manifiesto en referencia a Sastre y Oliver, quienes fueron reincorporados en la Conselleria, no tenía confianza con ellos y de hecho ha llegado a referirse a ambos como sus "enemigos políticos", si bien ha aseverado que cuando llegó al departamento "quería mantener el 'status quo' y que las reuniones se hiciesen entre todo el equipo directivo".

Sobre plomer:

"de cámaras táctiles no tenía ni idea"

En referencia a la contratación y a preguntas del fiscal Miguel Ángel Subirán, Nadal ha manifestado que Plomer "era un buen concejal con muchas cualidades, pero de cámaras táctiles y de informática no tiene ni idea", ha espetado en relación al objeto del encargo por el que se le contrató, justificando de este modo que "no le hubiera contratado jamás". Además, ha incidido en que no tenía "ningún motivo para estarle agradecido" como tampoco buscaba su apoyo mediante contrato alguno.

"Él no era miembro del Consejo Político de UM y por tanto no aspiraba a que votase a mi favor en ningún Congreso del partido, ya que además no había ninguno a la vista", ha añadido el exalto cargo, quien, de hecho, ha recordado que Plomer entró en el Consejo Político "cuando los 'nadalistas' ya no estábamos en las instituciones". "Nunca hablé con él de ninguna contratación ni de contratos menores. Si hubiera querido contratarle, le hubiera encargado trabajos para la Conselleria pero no sobre pantallas táctiles", ha remachado.

BUILS,

Condenado anteriormente en el caso voltor

En concreto, se trata de la segunda vista oral en el marco del caso Voltor: en la primera fue condenado Buils a tres años de prisión, por unos hechos similares, así como el exalcalde de Sóller Antoni Arbona, quien resultó favorecido con 15.000 euros por dos expedientes de contratación creados 'ad hoc' desde el Inestur para beneficiarle.

En esta ocasión, Nadal se enfrenta al tribunal junto a Plomer -para quien el Ministerio Público solicita un año de prisión-, Sastre -dos años y dos meses de cárcel-, Oliver, y la exresponsable del CITTIB Luisa Tortella.

Y es que, según relata la acusación en su escrito de calificación, Nadal decidió "de forma arbitraria" beneficiar a Plomer, por lo que llevó a cabo las gestiones necesarias para crear un expediente de contratación 'ad hoc', ordenando para ello los trámites oportunos a Sastre, Oliver y Tortella, quien inició el expediente y acordó la propuesta de resolución de cara a aprobar el gasto de 13.080 euros del Inestur aparentemente por la prestación de servicios de información turística de la Serra de Tramuntana mediante pantallas táctiles.

Una labor que, sin embargo, Tortella ordenó que llevasen cabo las empleadas del Inestur y del CITTIB, instándoles a que "arreglaran el contrato de Plomer" y "le hicieran el trabajo", puesto que el exedil de UM, apunta Anticorrupción, "carecía de todo conocimiento necesario para la realización de ese trabajo". De hecho, el Inestur "no acreditó en absoluto" que Plomer estuviera en condiciones legales de contratar con la Administración ni que fuera técnicamente capaz.

Cobró seis meses antes de firmar el trabajo hecho por el inestur

Así, en diciembre de 2009 Plomer fue citado telefónicamente para que acudiera al Inestur a firmar el trabajo elaborado por las empleadas del organismo público y en el que el acusado no había tenido participación alguna, a pesar de que seis meses antes (en abril) ya había cobrado este servicio. "Además de congraciarse con él, Nadal conseguía generar en Plomer una relación de endeudamiento con él y para con el partido", sostiene la Fiscalía.

El propio exconcejal reconoció su intervención en los hechos en su primera declaración ante la Policía Judicial y posteriormente consignó la cantidad defraudada, por lo que sobre él pide la Fiscalía que se le apliquen las atenuantes de reparación del daño producido y de confesión. A raíz de la trama urdida para beneficiarle, Anticorrupción considera los hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de prevaricación.

Cabe señalar que Nadal fue condenado en una de las piezas del caso Maquillaje por el desvío de 240.000 del Consell de Mallorca a una productora controlada por Munar y por él a través de testaferros, mientras que la Fiscalía solicita para él otros seis años de cárcel por la venta presuntamente irregular de los terrenos palmesanos de Can Domenge, los mismos que en esta causa reclama para la exdirigente 'uemita'.