El exvicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo (IU), está citado a declarar este lunes en el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que investiga las supuestas contrataciones irregulares durante el anterior mandato en la institución provincial (PSOE-IU) en la feria empresarial 'Mercamed' en Tetúan y el proyecto de un museo en Chaouen, en Marruecos.

Su testimonio abrirá la tanda de comparecencias de imputados fijada por el magistrado Miguel Ángel del Arco para el mes de octubre, en el que también oirá el testimonio de otros denunciados el 8, el 9 y el 10, y de tres testigos el 15, 16 y 17. Ya han pasado por el juzgado la pareja del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, la que fuera coordinadora del proyecto 'Magrec', el museo, y el exdirector del área de Cultura, Juventud y Cooperación Local, que dependía de IU, Jorge López, entre otros.

El caso fue trasladado al Juzgado por la Fiscalía Provincial de Granada, que denunció a 13 personas por la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y varios relacionados con la falsificación de documentos mercantiles, algunos de ellos con penas de prisión.

Fue la Fiscalía la Superior de Andalucía la que, a través de su Unidad de Policía Judicial, inició la investigación del caso, y concluyó que los hechos arrojaban "suficientes indicios para suponer" que, dentro del proyecto conocido como Mercamed (incluido en el Programa Poctefex, financiado en un 80 por ciento con fondos europeos) algunos responsables de la Diputación, en especial el que fuera su vicepresidente segundo, favorecieron con sus actuaciones que las sociedades del empresario identificado como A.R.M. pudieran realizar trabajos para el organismo provincial en contra de la legislación vigente en materia de contratación pública, porque no estaba al corriente en el pago de sus obligaciones con la Administración Tributaria y la Seguridad Social.

El exvicepresidente, según la Policía, buscó el método "que amparase el cobro", haciendo constar la contratación formal con otras empresas "que se limitaban a solicitar la adjudicación, facturar y previamente subcontratar" con las sociedades de A.R.M., "dando una apariencia de legalidad a los expedientes administrativos que fueron incoados para autorizar los pagos" por los servicios desarrollados con ocasión de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán los días 26, 27 y 28 de mayo de 2011.

Entiende la Policía Judicial que en este caso existieron "dos tramas". Con la primera, según constaba en el decreto fiscal, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que A.R.M. realizara el trabajo "cuando legalmente no podía hacerlo", y con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, "llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados".

"En resumen, tuvo lugar el cobro de diversas cantidades por parte de las anteriores que, en algún caso, devuelven o entregan el dinero al empresario A.R.M. y, en otro, comunican a la Diputación que han cobrado una cantidad determinada sin realizar servicio alguno", indica la Policía en su informe.

Supuesta implicación de la mujer de cuenca

Al margen de esto, la Policía Judicial también indagó en otro de los proyectos realizados en Marruecos, en concreto Magrec, en el que supuestamente está implicada la empresa 'Artefacto Gestión Cultural' cuya titular es la pareja del portavoz socialista en el Ayuntamiento. Según el informe policial, esta empresa se adjudicó un proyecto, por importe de unos 4.700 euros según la Diputación, para el diseño del proyecto museográfico para el Centro de la Memoria Yebala, en la ciudad de Chaouen.

La adjudicación tiene lugar con base en el presupuesto presentado por 'Artefacto', en competencia con otros dos de distintas empresas, de los cuales "uno es totalmente falso" y otro "de dudosa autenticidad".

Además, la empresa de la pareja de Cuenca también participó supuestamente en otro expediente, para la dirección y ejecución del proyecto museográfico del mismo centro, que no llegó a realizarse pero que sí contaba con toda la documentación preparada para el pago, solo pendiente de firma y con el nombre de la empresa "sin que tan siquiera se hubiera realizado el trabajo", según se señala en el informe, que después sirvió de base a la Fiscalía Provincial para abrir diligencias y redactar su denuncia ante el juez.