La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha considerado este viernes "prioritario" que el dinero que su departamento recibirá del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dentro de los 4.900 millones de euros que la Junta de Andalucía ha solicitado como anticipo con cargo a estos fondos, se destinen al pago de entidades sociales y los ayuntamientos que prestan la ayuda a domicilio a dependientes.

Montero, que no ha podido concretar que partida con cargo al FLA sería la que llegaría a su departamento, sí ha avanzado a preguntas de los periodistas en Sevilla que "la prioridad numero uno" de su gestión será "el pago a las entidades sociales, por encima de proveedores sanitarios".

La titular del ramo ha justificado esta decisión tras admitir que el retraso en el pago a estos centros sociales "les está suponiendo un esfuerzo extraordinario", motivo por el que les ha "agradecido" su trabajo, y por la "urgencia" de liquidez que necesitan estas entidades sociales, "frente a los tradicionales proveedores sanitarios, que ya ha podido ver satisfecho todos sus atrasos de deuda con el pago de la practica totalidad de las facturas pendientes de pago en agosto".

Montero ha agregado, además, que el pago con más retraso que sufren estos centros proceden del que prestan en sus cursos de empleo, al verse estas políticas "aminoradas por el Gobierno de España". También ha aludido a los retrasos de dos meses y medio en el pago por la concertación de plazas de estancia diurna, pese a la rebaja en las tarifas de un 10 por ciento llevadas a cabos por este centros.

"Hemos llegado a acuerdos importantes con los centros de dependientes de estancia diurna para bajar las tarifas de las plazas en un diez por ciento, un esfuerzo muy importante que están haciendo las entidades para poder adaptarse a la menor financiación que viene por el Gobierno central", ha puntualizado Montero, quien ha dicho que asiste "con preocupación" a que "si se sigue bajando la aportación del Gobierno de España, será difícil que la Junta y las entidades sociales puedan seguir manteniendo el nivel de prestación de servicios que vienen haciendo".