El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado sendas proposiciones no de ley presentadas por Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU) que se manifestaban en contra de cualquier modificación legislativa que restringiera los derechos reconocidos en la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Ambas iniciativas han sido apoyadas por PSOE, CHA e IU, que han sumado 26 votos, rechazadas por el PP, con 28 votos, mientras que el PAR se ha abstenido, con seis votos.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha defendido "el derecho de una maternidad libre y responsable", así como el derecho al aborto "con garantías de seguridad jurídica y sanitaria" frente a un anuncio de reforma que pretende "contentar a determinados sectores ultraconservadores y de la jerarquía de la Iglesia", a costa de "vulnerar" los derechos de las mujeres.

La parlamentaria de CHA, Nieves Ibeas, ha dicho que las mujeres tienen "derecho a poder decidir sobre la reproducción gracias al acceso a la contracepción y al aborto" y ha respaldado un aborto "legal, seguro y gratuito", mientras que la reforma anunciada "solo pretende controlar el cuerpo de las mujeres y su sexualidad" y supondría "que solo las mujeres que se puedan pagar un aborto en condiciones se lo paguen y, quien no, se tenga que jugar la vida".

La diputada del PP, María Ángeles Orós, ha estimado que estas iniciativas son fruto de una "oposición preventiva" ya que no se conoce todavía ningún anteproyecto de ley, para recordar que esta reforma "estaba en el programa electoral" del PP y explicar que se pretende presentar una "ley integral de la maternidad" puesto que ante el aborto "hay muchas más opciones" y "no debe ser un derecho, sino una excepcionalidad".

La diputada del PSOE, Elisa Sancho, ha opinado que el "golpe de timón" que pretende dar el Gobierno central al reformar la actual ley persigue "mermar derechos y libertades de la mujer" e implicaría "retroceder más de 30 años y generar una gran inseguridad jurídica y social", cuando, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la criminalización y clandestinidad" del aborto "no reducen la práctica, sino que la vuelven más peligrosa, especialmente entre las mujeres más jóvenes y con menos recursos".

La diputada del PAR, María Herrero, ha explicado que "por la carga moral de esta cuestión nos vamos a abstener", para señalar que la ley actual "no nos parece ni perfecta, ni intocable" y ha recordado la proposición de ley presentada por su grupo la pasada legislatura para que las menores de 18 años no pudieran abortar sin contar al menos con el consentimiento o información de uno de sus progenitores.

DEPENDENCIA

En otro orden de cosas, el pleno ha rechazado una proposición no de ley, con 33 votos en contra, del PP y PAR, y 26 a favor, de PSOE, CHA e IU, que instaba al Ejecutivo aragonés a expresar ante el Gobierno de España su rechazo ante las medidas planteadas recientemente en la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Concretamente, rechazaba la elevación de los puntos necesarios para el acceso a los servicios y prestaciones de la ley, "lo cual implica directamente la restricción del derecho a un elevado número de personas".

También pedía manifestarse en contra de la eliminación de los dos niveles que acompañan a cada grado de dependencia, que determinan la gravedad del caso, "ya que supondría dejar al margen de los servicios y prestaciones a muchos dependientes moderados y clasificar como un grado inferior a otros que anteriormente se consideraban como dependientes con mayor gravedad". Igualmente, reclamaba derogar el real decreto ley que modifica la ley de la Dependencia.