El portavoz de Unión Cordobesa (UCOR) en la Diputación de Córdoba, Carlos Baquerín, ha anunciado este jueves que ha previsto "dar traslado a la Fiscalía" de la "duda razonable" que tiene respecto a la legalidad del uso o destino final que haya podido dar el líder de su partido, Rafael Gómez, a los más de 110.000 euros que ha retirado, "en efectivo, por caja", de las subvenciones que han recibido, de manos del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, los respectivos grupos de UCOR en ambas instituciones.

En rueda de prensa, Baquerín ha explicado que está preparando la correspondiente denuncia después de que, a pesar de sus reiteradas peticiones de información, al Grupo de UCOR en el Consistorio y al propio Gómez, no ha recibido explicación alguna respecto a qué se han dedicado los más de 83.000 euros que ha retirado Gómez, de los más de 85.000 euros que hasta ahora ha ingresado el Grupo de UCOR en el Ayuntamiento, vía subvención municipal, ni sobre los 27.000 euros, que también se ha llevado Gómez, "en metálico", de los más de 28.000 que hasta el momento ha recibido el grupo de UCOR en la Diputación, mediante subvención de la institución provincial.

En ambos casos, Baquerín también ha pedido a los respectivos gobiernos del PP en dichas instituciones que averigüen el destino del dinero público que se ha llevado Gómez, "que tendrá que acreditar su uso", sobre todo cuando resulta que "es un deudor del Ayuntamiento", que le impuso una multa de más de 20 millones de euros, que Gómez aún no ha pagado, por levantar sin licencia las llamadas naves de Colecor.

Sin embargo, en el Ayuntamiento y en la Diputación no han atendido la petición de Baquerín, razón por la que ahora acudirá a la Fiscalía, algo a lo que se considera obligado, sobre todo cuando en el caso de la Diputación él, como portavoz, debe "cerrar la contabilidad del Grupo de UCOR", lo cual no puede hacer al no justificarle Gómez qué ha hecho con el dinero que se llevó y después de que la Diputación diga que esta cuestión "es un tema interno del grupo" que no le compete.

PORTAVOCÍA

Precisamente, Baquerín ha lamentado que en la Diputación, "cuando les conviene, se consideran competentes, por ejemplo para quitarme de portavoz de UCOR, pero no son competentes para analizar la contabilidad del grupo, ni tampoco para llevar a cabo el cese", como le ha pedido Baquerín a la presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, de una de las dos personas que conforman el personal de confianza del Grupo de UCOR en la Diputación, cuando la contratación o relevo de este tipo de personal, en todos los grupos políticos, se hace siempre a propuesta del portavoz de cada grupo.

Por eso precisamente, porque Baquerín considera que la Diputación no puede decidir que él debe dejar la portavocía de UCOR, es por lo que el todavía portavoz de dicho partido en la Diputación ha presentado alegaciones al informe del secretario general de la institución que determina que Gómez y él deben ponerse de acuerdo sobre quién ocupa la portavocía o que ninguno de los dos será portavoz.

Sobre esta cuestión, Baquerín lo tiene claro, no renunciará a su derecho a seguir siendo portavoz y lo defenderá, si fuera preciso, en el "contencioso-administrativo", aunque otra solución sería, según ha indicado, que Gómez lo expulse del partido, con lo que dejaría la portavocía y Grupo de UCOR, pasando a ser concejal y diputado provincial no adscrito.

"tachón" a gómez grabado

Por último, Baquerín ha reconocido que, tal y como le acusaba Gómez, "en un momento de rabia", ante las tensiones internas en UCOR, le hizo "un tachón con un bolígrafo" a la imagen de Rafael Gómez en un cartel pegado a la entrada del Grupo de UCOR en la Diputación. Hecho éste que fue grabado por una de las cámaras de seguridad de la institución situada en el pasillo de acceso a los grupos de UCOR y PSOE.

Precisamente, el hecho de que la Diputación permitiese a Gómez visionar tal grabación y que, presuntamente, además, el vicepresidente tercero de la institución, Manuel Gutiérrez, le haya podido hacer entrega a Gómez de una copia de tal grabación, con el supuesto conocimiento del vicepresidente primero, Salvador Fuentes, y también de la propia presidenta, María Luisa Ceballos, es lo ha que llevado a Baquerín a advertir que estos hechos vulnerarían "la normativa sobre Protección de Datos".

Por eso, Baquerín ha pedido a Ceballos que le aclare si son ciertos estos extremos y que, en ese caso, dé cuenta de ellos "a la autoridad judicial, si es que ve la posible comisión de un delito". Es más, el portavoz de UCOR cree que, si se acredita que Gutiérrez entregó la grabación a Gómez, con conocimiento de Fuentes y Ceballos, los tres "deberían dimitir".

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