La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ve con preocupación los "ataques" que en los últimos meses están sufriendo los órganos e instituciones de control de las Administraciones públicas y, en concreto en la región, la Defensoría del Pueblo Andaluz en lo que cree "una campaña bien orquestada para restarles credibilidad y finalmente eliminarlas o vaciarlas de contenido donde no es posible su supresión".

Según lamenta en un comunicado, los partidos políticos "padecen en la actualidad un descrédito absoluto por parte de los ciudadanos, por gobernar en base a los dictados de los mercados y no bajo el mandato otorgado por el pueblo en las urnas". Además, señalan que en estos tiempos donde cada vez hay más población empobrecida y excluida en España, "el que existan instituciones que defiendan los Derechos Humanos y especialmente la de los colectivos más vulnerables, molesta a muchos políticos y se convierte en un estorbo a la política de recortes de derechos sociales, laborales y civiles llevada a cabo por los gobiernos actuales".

Así, APDH-A considera que instituciones como la del Defensor del Pueblo Andaluz son importantes para preservar el funcionamiento de la democracia, aunque cree "importante ampliar sus funciones y autoridad, de manera que sea capaz de corregir o influir en la mala actuación de las administraciones cuando vulneran los derechos de los ciudadanos, los Derechos Humanos y los derechos sociales".

Para esta organización, "no es desvirtuar ni eliminar esta institución lo que necesitan los ciudadanos", sino "órganos de control que puedan ser libres e independientes de la clase política y que no se muevan por consignas que nada tienen que ver con la defensa de los Derechos Humanos y derechos sociales vulnerados por los gobiernos".

Es por ello por lo que critica esta campaña "orquestada principalmente por el PP pero facilitada por el silencio del PSOE", tiene por objetivo "desacreditar la labor de José Chamizo y por ende de la institución que representa" por motivos que "nada tienen que ver con su capacidad, eficiencia o trabajo, sino por intereses políticos". "Es una campaña para restar credibilidad e independencia a quien se atreve públicamente a cuestionar y denunciar la falta de diligencia, la ineficacia o la corrupción de la clase política. Y es, cuanto menos, digno de preocupación, por constituir un nuevo ataque a la democracia en nuestra comunidad autónoma", concluye.