La Guardia Civil ha imputado a una persona como presunta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra la salud pública en una operación en la que han intervenido un total de 458 kilos de anchoa fresca y 8.848 unidades de anchoas limpias y tratadas preparadas para su venta y declaradas no aptas por Sanidad por un posible riesgo para la salud pública.

A las 9.30 horas del día 14 de septiembre, una patrulla perteneciente al Puesto de la Guardia Civil de Alagón, que se encontraba prestando servicio de seguridad ciudadana, observó una furgoneta que circulaba a gran velocidad por una urbanización de la localidad zaragozana de Pinseque y que estacionaba frente a un domicilio.

Los agentes procedieron a identificar a sus dos ocupantes quienes, tras ser entrevistados, comunicaron que se encontraban en ese lugar para visitar a un amigo, si bien mostraron "gran nerviosismo" en sus manifestaciones, explica la Guardia Civil en un comunicado.

En el transcurso de la identificación, dos personas de nacionalidad subsahariana se asomaron a una ventana de la vivienda, fueron requeridos por la Guardia Civil y al abrir la puerta del domicilio para realizar una entrevista con ellos se apreció un olor "nauseabundo" a pescado. Estas dos personas manifestaron conocer al conductor de la furgoneta.

Tras estos hechos los agentes abandonaron el lugar, pero decidieron realizar labores de vigilancia del vehículo, observando posteriormente a una persona que salía del domicilio y depositaba una caja de cartón en el contenedor de la basura.

Al proceder a su identificación, los ocupantes de la furgoneta intentaron marcharse del lugar y fueron interceptados para realizar una inspección de su interior, encontrando varios envases de conservas de anchoas en cajas de cartón iguales a las que había depositado la persona identificada en la basura.

Durante el registro del vehículo, uno de sus ocupantes desapareció del lugar, al mismo tiempo que dos personas subsaharianas salieron corriendo por la parte trasera de la vivienda.

Inspección de la vivienda

Ante estos hechos y por la imposibilidad de interceptar a las personas que habían abandonado el lugar, la Guardia Civil decidió el aseguramiento de la vivienda, a la espera de que llegaran más efectivos, así como un componente de la Policía Local de Pinseque y una veterinaria representante del Servicio de Sanidad del Gobierno de Aragón, para el total esclarecimiento de lo que estaba ocurriendo.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con cuatro personas que se encontraban en ese domicilio, quienes manifestaron ser los moradores habituales y que accedieron amablemente a realizar una inspección de su interior.

En la vivienda se encontraron latas de conserva y recipientes llenos y vacíos de anchoas, con todo el material necesario para la elaboración y almacenaje de los mismos, "en unas condiciones de higiene de gran insalubridad".

458

Kilos de anchoa

De esta forma, la Guardia Civil aprehendió un total de 458 kilos de anchoa fresca distribuidas en nueve contenedores de plástico, así como 256 envases con un total de 8.848 piezas de anchoas ya limpias y elaboradas.

El destino de estos alimentos era su comercialización para el consumo humano, por lo que fueron retirados completamente para su destrucción, dado que fueron declarados por Sanidad como no aptos para su consumo por un posible riesgo para la salud pública.

De las declaraciones de los residentes en el domicilio se pudo determinar que trabajaban para una empresa sin ningún tipo de contrato, que en alguna ocasión les facilitaban comida y pagaban el alquiler de la vivienda a cambio de sus labores. Asimismo, comunicaron que llevaban meses trabajando en ello y que la furgoneta identificada era la que se llevaba las latas ya preparadas.

Empresa de zaragoza

Tras la realización de ambos registros, se determinó la conexión directa entre los productos elaborados en el interior de la casa con los transportados en la furgoneta, cuyas características y logotipos coincidían plenamente, siendo la beneficiaria una empresa conservera con domicilio en Zaragoza.

Por estos hechos, la Guardia Civil procedió a la imputación de la persona propietaria de la empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra la salud pública. La persona imputada en esta operación es M.M.P.A., de 50 años de edad, nacionalidad española y vecina de la capital aragonesa.

Debido a las malas condiciones de higiene, "de gran insalubridad", en las que vivían estas personas, los agentes pusieron en conocimiento de los Servicios Sociales de la comarca esta situación, con la finalidad de poder prestarles asistencia, servicios que se personaron inmediatamente en el lugar.

La Guardia Civil hizo entrega de las correspondientes diligencias ante la autoridad judicial competente.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.