Funcionarios y empleados del sector de justicia se han concentrado este jueves frente a las puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), en Granada, para protestar, aprovechando el acto institucional de apertura del año judicial, por en contra de los recortes salariales y de derechos laborales "impuestos tanto por el Gobierno como por la Junta de Andalucía".

La protesta ha sido convocada por la plataforma sindical constituida en defensa del servicio público de la administración de justicia e integrada por los CSIF, SPJ-USO, CCOO, STAJ y UGT y ha sido secundada por unos 400 trabajadores que han gritado consignas por sus derechos y usado bocinas al paso de los vehículos oficiales que se acercaban a la Real Chancillería, pese a que la lluvia era a esa hora bastante copiosa.

Eloy Maza, de CSIF, ha explicado a Europa Press que este tipo de concentraciones, que se llevan sucediendo desde el mes de mayo, no son sólo por razones económicas, "que también porque han recortado nuestro poder adquisitivo en un 21 por ciento en los últimos cuatro años", sino por sus derechos laborales.

Miguel Esteban, de STAJ, ha criticado la amplia presencia policial en la zona y el acordonamiento de la entrada al TSJA, ya que una valle impedía el paso a Plaza Nueva, con varios efectivos de la Policía Nacional y furgonetas.

"Este gasto de dinero tan bestial no es entendible en los tiempos que corren, y cuando nos están recortando y recortando a los funcionarios, que no somos los que tenemos la culpa de esta crisis. Los políticos españoles deberían tomar ejemplo de los de Francia, que han reducido sus sueldos un 40 y no un 5 por ciento, y deberían pedir explicaciones a los banqueros que son los verdaderos responsables de lo que está pasando", ha indicado.

Asimismo, la plataforma ha suscrito un comunicado conjunto en el que recuerdan que los funcionarios —tal y como acordaron el pasado mes de julio— no realizarán "de forma individual" ningún acto procesal que exija la intervención conjunta o separada del juez o el secretario judicial, "cuando la ley exija expresamente su intervención".

Además, alertan del "grave atentado al Estado social y democrático de Derecho" que están suponiendo las políticas de recortes llevadas a cabo tanto por el Gobierno central como por el Autonómico en la administración de justicia. "Se esta tratando de justificar el mal funcionamiento de la justicia, responsabilizando a la ciudadanía por un supuesto uso y abuso de la misma, cuando los únicos responsables son precisamente los poderes públicos", señalan.

Desde la plataforma consideran que la situación de crisis económica "está deteriorando, aún más, un servicio público, esencial para la defensa de los derechos ciudadanos, históricamente saturado por falta de inversiones en medios materiales y humanos y actualmente prácticamente colapsado por el aumento de litigios".