La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha estimado la demanda de despido colectivo presentada por La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (Sodercan) por considerar que se cumplen todos los requisitos y causas alegados por la empresa para llevar a cabo la medida, que por tanto es ajustada a derecho.

La sentencia se produce diez días después de la vista por la demanda del despido tras la suspensión decretada por el TSJC para estudiar la cuestión previa planteada por varios extrabajadores a los que el tribunal reconoció el derecho a personarse en el procedimiento.

En ella, Sodercan defendió que su ERE para 19 trabajadores es una medida "razonable" por la marcha de la empresa y de la comunidad autónoma, mientras que el comité de empresa y los trabajadores personados en el procedimiento sostenían que la negociación se llevó a cabo con documentación "parcial" y "sesgada" y datos económicos "no ciertos" que "no reflejan la realidad".

En la sentencia, que se ha conocido este jueves, se desestiman todos los motivos de oposición esgrimidos por los demandados, y se considera que están acreditados los requisitos formales de aportación documental, así como la causa económica, organizativa y productiva alegada por la empresa pública para llevar a cabo el despido colectivo.

Así, se consideran acreditados resultados negativos en Sodercan durante los cuatro últimos ejercicios, que persistían en el momento de iniciarse los trámites correspondientes al despido colectivo -además de una previsión de pérdidas en el presente ejercicio-, todo ello unido a una disminución de las aportaciones del Gobierno de Cantabria, que en el año 2011 se redujeron a la mitad.

La empresa, que planteó la primera demanda de despido colectivo por causas económicas y organizativas del sector público regional al amparo de la reforma laboral, esgrimió pérdidas de 22,4 millones de euros en 2008, de 26,7 millones en 2009, de 29,6 millones en 2010 y de 13,8 en 2011.

El resultado provisional al final de marzo de 202 era de 3 millones con una previsión negativa para este año de 11,4 millones. En cuanto a la plantilla, había pasado de 58 trabajadores en 2008 a 86 en 2011, con un gasto de personal ese último año de 4,4 millones.

La sentencia considera también probados otros datos económicos aportados por Sodercan, entre ellos que la extinción de las 19 relaciones laborales acordada supone una reducción del gasto de personal de 808 miles de euros, a la que se añade otros 195 por la aplicación de límites salariales y 21 miles de euros más por otras medidas de ahorro.

Se consideran igualmente acreditadas las pérdidas de 2008 y 2009 de la sociedad Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), así como las de SICAN y Emcanta, integradas en el grupo Sodercan.

Requisitos cumplidos

Para la Sala de lo Social del TSJC, la empresa ha cumplido con los requisitos exigidos para tramitar el despido colectivo, entre otros la documentación para justificar su situación económica y sus previsiones, aportando las cuentas anuales auditadas del ejercicio de 2010 de Sodercan, PCTCAN, Sican y Emcanta, así como las provisionales de 2011.

También considera acreditado, en contra de lo alegado la existencia de un "verdadero periodo de consultas" durante el cual las partes "negociaron de buena fe, en aras a la consecución de un acuerdo".

En este sentido, destaca que la empresa no se ha limitado a exponer una posición "inamovible", sino que hubo un "intercambio de propuestas entre las partes", alcanzando finalmente un acuerdo. En este sentido, destaca que redujo de 24 a 19 los contratos de trabajo a extinguir.

Además, sostiene que tampoco pueden admitirse las objeciones efectuadas en relación a las cuentas de 2011, ya que los datos recogidos en las mismas coinciden con los obrantes en las cuentas definitivas.

Asimismo, refrenda que Sodercan ha cumplido la obligación de aportar la documentación contable de todas las empresas del grupo, sin que exista "confusión de contabilidad" entre ellas ni tampoco de plantillas, como sostenían los demandados, dado que los traspasos de personal procedente de las restantes entidades integrantes del grupo se produjeron mediante los mecanismos de suspensión o extinción de la relación laboral previa con las entidades de origen, estando enmarcados además "en un contexto de reorganización de los recursos humanos".

Por tanto, según el TSJC no concurre la situación que alegan los demandados de existencia de un grupo de empresas a efectos laborales, pues únicamente se aprecian elementos incidiarios "si bien muy atenuados", de unidad de dirección, "sin que se advierta ningún elemento más, como confusión patrimonial o plantilla única de trabajadores".

De este modo, sólo debe tenerse en cuenta la situación patrimonial de la empresa que adoptó la decisión de despido colectivo, a fin de determinar la concurrencia de la causa económica alegada.

Respecto a las circunstancias organizativas, para el TSJC está acreditada la reducción de los recursos públicos, asó como el "sobredimensionamiento" de la plantilla de Sodercan y los cambios en el organigrama a finales de 2011.

Y considera que todo ello, unido a la política de reducción de gastos en el sector público, determinó la necesidad de adoptar medidas de "redimensionamiento", a fin de adecuar los gastos de personal a la nueva estructura y a la disminución de recursos.

Tampoco acepta que la reorganización únicamente haya afectado a los puestos directivos, y considera "clara" la existencia de un "desequilibrio" entre los efectivos humanos y la carga de trabajo. Todo ello justifica, a juicio del TSJC, la concurrencia de causas organizativas y productivas, así como la "racionalidad" de la medida, que además se adoptó previo acuerdo con la representación legal de los trabajadores.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

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