La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha mostrado en la sesión plenaria del Parlamento de Andalucía su "absoluto rechazo" al Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas del Gobierno central, que a su juicio "resulta brutalmente lesiva para los intereses de las familias inquilinas, por cuanto incrementa su inseguridad jurídica y su inestabilidad".

Cortés lamenta el trato del Gobierno central "que no dialoga ni con las comunidades autónomas ni con los grupos parlamentarios, que en la presentación del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi) estos partidos hablaron de un plan que no pudieron conocer previamente".

Durante su intervención, la titular de Fomento y Vivienda ha apuntado que mientras la Junta de Andalucía está comprometida en la lucha contra los desahucios mediante la puesta en marcha de herramientas y con una clara voluntad política, "el Gobierno central se empeña, con medidas de este tipo, en seguir provocando más desalojos de familias en situación de desempleo y, en muchas ocasiones, aquejadas por una realidad de emergencia social".

En ese sentido, Elena Cortés ha subrayado que es "inmoral" aprobar leyes de este tipo, que lo que generan es el "desalojo y la desprotección de menores y personas mayores" y apunta que "es como la reforma laboral para las familias que viven de alquiler".

La responsable de Fomento y Vivienda también se ha referido al "aumento de la especulación inmobiliaria" que este Proyecto de Ley favorece, ya que "provocará un encarecimiento de las rentas de arrendamientos".

En contraposición a esta reforma, Elena Cortés ha defendido una "ley del alquiler que garantice a las familias y las clases populares andaluzas precios justos de acuerdo con la situación de emergencia social por la que atraviesan muchas de ellas".

En su valoración de la reforma legislativa planteada por el Gobierno central, la consejera ha criticado las consecuencias negativas que tendrá la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la defensa de "procesos acelerados y rápidos de desahucios de diez días y el consiguiente perjuicio para la posición jurídica del arrendatario".

Cortés ha resaltado que la nueva ley favorece los intereses de las sociedades anónimas de inversión del mercado inmobiliario, que se verán beneficiadas con un aumento de las ventajas fiscales y jurídicas.

Por último, la consejera de Fomento y Vivienda ha explicado que el Dictamen del Consejo Económico y Social (CES) es "coincidente con nuestra posición ya que coincide en que la ley restará derechos a los inquilinos".

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