La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha afirmado que los datos de déficit, deuda y gasto corriente avalan la "eficiencia y racionalidad" en la utilización de los recursos públicos en Andalucía, "tanto en tiempos de bonanza como en los de crisis", garantizado que se mantendrá la estrategia de reducción del gasto no vinculado a la prestación de servicios públicos fundamentales.

En respuesta a una interpelación parlamentaria, la consejera ha recordado que el déficit de Andalucía por habitante (573 euros en 2011) es un 25 por ciento inferior al de la media de las comunidades autónomas. Además, tiene una deuda en relación con su PIB del 10,7 por ciento, un 3,5 por ciento inferior al total de comunidades, mientras que su deuda por habitante alcanza los 1.833 euros, la mitad que la del resto de comunidades no forales (3.496 euros). Y su gasto corriente per cápita fue en 2011 un 12,1 por ciento inferior al resto de comunidades.

A lo largo de su intervención, la consejera ha desgranado la batería de medidas que lleva a cabo la Junta de Andalucía para mejorar la racionalización y la eficiencia de la administración autonómica y de sus entes instrumentales, previstas en el Plan Económico Financiero aprobado el pasado 22 de mayo.

Entre estas medidas, Aguayo ha destacado que ya se ha reducido un 30 por ciento la estructura de centros directivos de la administración de la Junta, así como la reducción efectiva de las retribuciones del presidente y los consejeros (de un 7,5 por ciento), viceconsejeros (6,5 por ciento) y directores generales, delegados territoriales y asimilados (seis por ciento).

Respecto a las medidas dirigidas a la racionalización del sector público, la consejera se ha referido al proceso de eliminación neta de 111 entes instrumentales, la supresión de 180 puestos directivos, así como a los esfuerzos por armonizar las condiciones retributivas y de trabajo en el sector público.

También ha destacado el compromiso con la modernización de los servicios públicos, con iniciativas como el Plan de simplificación de trámites y procedimientos administrativos, que ha permitido la reducción de los plazos en 106 procedimientos, el desarrollo de 25 servicios de respuesta inmediata, la simplificación y agilización de 97 trámites, la extensión del silencio positivo en 7 procedimientos y la sustitución de autorizaciones por declaraciones o comunicaciones previas en 11 procedimientos.

En total, ha explicado que se han desarrollado 246 medidas, que han supuesto un ahorro de más de 900 millones de euros para familias y empresas andaluzas.