La Audiencia de Valladolid juzga mañana viernes a María del Carmen D.M.G. como presunta integrante de una trama integrada por otras seis personas, entre ellas su marido y la hija de ambos, que entre los años 2005 y 2006 y de común acuerdo compraron vehículos y electrodomésticos y solicitaron préstamos bancarios, todo ello por un montante superior a los 250.000 euros, mediante el uso de documentación falsificada para así eludir el pago de los efectos adquiridos que, además, transferían posteriormente a terceras personas.

Por tales hechos, seis de los siete acusados, a excepción de María del Carmen D.M.G, que no pudo asistir al juicio en 2010 al sufrir un ictus, ya fueron juzgados y condenados a penas que suman once años y medio de prisión, multas por importe global de 20.880 y al pago, en concepto de responsabilidad civil, de indemnizaciones que superar los 267.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Ahora, en el juicio del viernes ocupará el banquillo en solitario la citada mujer, a la que el Ministerio Fiscal acusa de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa y solicita para ella una pena de un año de prisión, multa de 2.400 euros y que indemnice con más de 6.249 euros a Automóviles Polígono San Cristóbal.

En concreto, a la procesada la acusación pública le imputa hechos ocurridos el 23 de junio de 2005, cuando, supuestamente, se personó en la entidad Automóviles Polígono San Cristóbal, sita en la calle Turquesa, y junto con su esposo, Ángel J.J, adquirió un turismo Ford Mondeo por importe de 18.747 euros aportando nóminas falsas tanto ella como su cónyuge.

La pareja, que no pagó el préstamo solicitado, logró hacerse con el coche y lo transfirió tres meses después a una tercera persona.

Por estos hechos, el marido de la acusada y una hija de ambos, María Asunción J.M, fueron ya condenados en 2010 a dos años y seis meses de cárcel, respectivamente, mientras que sobre el cerebro de la trama, Rafael M.F, recayeron tres años de prisión y sobre otros tres más, Fernando M.S, Jesús M.A. y Petra R.P, penas de dos años, en todos los casos como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa.

La Sala entendió entonces que Rafael M.F. era el "eje" de la trama, ya que, de común acuerdo con los acusados, se dedicó entre los años 2005 y 2006 a confeccionar documentación falsificada, entre nóminas, contratos de trabajo, certificaciones del IRPF, declaraciones de la renta y DNI, al objeto de presentarla ante distintos establecimientos comerciales y entidades bancarias para adquirir vehículos y electrodomésticos y solicitar préstamos bancarios para así eludir el pago de los bienes obtenidos, que en algunos casos luego eran vendidos a terceras personas.

Gracias a este método lograron cometer distintas estafas en las que resultaron perjudicados Automóviles Polígono San Cristóbal, Hipercor, PC City, Carrefour, el Banco Santander Central Hispano, Hispamar, La Caixa, el Banco Pastor y Caja Laboral, con la particularidad de que uno de los condenados era el que en 2005 fuera director de la sucursal de esta última entidad en la calle Delicias, Jesús M.A.

Un director de sucursal

En este último caso, la sentencia estimó que el condenado, que autorizó la concesión de distintos préstamos, no se lucró sino que utilizó parte de esas cantidades para "tapar" descubiertos autorizados por él de forma incorrecta o por haber asumido un riesgo indebido. "Aunque él, personalmente, no haya incorporado a su patrimonio dinero de estos préstamos, lo cierto es que se benefició de dichas operaciones, perjudicando a su propia empresa para lavar operaciones anteriores", determina la Sala.

Los hechos fueron descubiertos a raíz de que el día 23 de febrero de 2006 una de las personas condenadas, Petra R.P, se personara en la sucursal de Caja de Ávila, en la calle Duque de la Victoria, para, mediante la aportación de documentación falsa, solicitar un préstamo personal por importe de 24.000 euros.

Ante las sospechas generadas, el director de la sucursal la emplazó para días posteriores al objeto de formalizar la operación, aunque para entonces ya la esperaba la Policía Nacional, que procedió a su detención. Igualmente, en las inmediaciones de la entidad los agentes hicieron lo propio con el 'cerebro' de la red, Rafael M.F, a quien además ocuparon dos maletines con multitud de documentos falsificados, lo que derivó más tarde en la detención del resto de implicados.

Se da la circunstancia de que el principal responsable en esta causa, Rafael M.F, logró que el juicio se suspendiera en una ocasión tras alegar su abogado defensor problemas mentales, si bien fue detenido poco después por hechos similares en el marco de la denominada 'Operación Burbuja' saldada con la detención de quince personas.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.