El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha hecho pública una sentencia en la que avala que la juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos accediera a las actas del Consejo de Gobierno, asunto que generó una gran polémica entre la magistrada Mercedes Alaya y la Junta y que, finalmente, resolvió el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que permitió a la juez consultar dichas actas.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de 29 de marzo de 2011, acordó "no levantar por imposibilidad legal, formal y material el carácter reservado de toda la documentación que, incorporada a las actas del Consejo como informes, se solicitan en forma general desde el año 2001 hasta la actualidad", así como "declararse incompetente para el levantamiento del carácter secreto de los informes orales que puedan constar en las actas".

Asimismo, el Consejo de Gobierno decidió "levantar el carácter reservado de los referidos informes", acuerdo que fue recurrido por el sindicato Manos Limpias ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que, en una sentencia consultada por Europa Press, declara nulo lo acordado por el Consejo de Gobierno en los puntos referidos al entender que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, subrayando además que la documentación reclamada por la juez "carece del carácter de reservada".