Las psicólogas que analizaron el estado mental del hombre de iniciales J.H.F., de 68 años, que está siendo enjuiciado desde este lunes en la Audiencia Provincial de Granada por presuntamente asesinar a su expareja con una azada en plena calle en Pinos Puente (Granada) el pasado 1 de julio de 2010, han descartado que éste sufriera algún tipo de trastorno psicopatológico previo o un brote psicótico en el momento de lo ocurrido.

El procesado, que se enfrenta a penas de hasta 31 años de prisión, no tenía por tanto afectadas ni sus facultades cognitivas ni volitivas en el momento en el que agredió a R.R.C., que entonces tenía 41 años, en el centro del municipio, según las peritos que han declarado este martes en la Sección Segunda.

Las expertas han afirmado que la "coherencia" en el relato de los hechos por parte del inculpado permiten afirmar con toda seguridad que éste no sufrió trastornos de la memoria a consecuencia de un posible episodio de trastorno mental transitorio, aunque han incidido en que se mostró "arrepentido" y "triste" fundamentalmente por las repercusiones que su conducta tendría en el futuro, en especial en sus relaciones familiares.

Por otra parte, los forenses que practicaron la autopsia a la fallecida han señalado que el primer golpe fue recibido por la espalda, en contra de lo afirmado este lunes por el acusado, que aseguró que el primer impacto fue de frente, cuando ella comenzó a insultarlo.

Según los médicos, el agresor propinó dos golpes a la mujer, que cayó al suelo viva y consciente, recibiendo a continuación más impactos de la azada. Así, tuvo hasta 14 lesiones, seis heridas inciso-contusas no mortales en el hombro y la espalda, y otras dos mortales en la cabeza, dos contusiones en cuello y hombro, y otras leves probablemente a consecuencia de la caída. La mujer no presentaba heridas defensivas, según han indicado.

La sesión de este martes se ha dedicado además a las pruebas testificales propuestas por la acusación particular. La ausencia más destacada ha sido la del hijo de la víctima, que además ejerce la acusación, que no ha asistido a la sesión pese a estar citado. Ante la imposibilidad de oír su testimonio, la abogada de la familia ha solicitado la lectura de la declaración que ya realizó ante el juzgado de instrucción.

Según afirmó entonces, el joven, que estaba en un centro de menores, pasaba algunos días en casa de su madre y su pareja, el acusado, que tenían al principio buena relación. Al cabo del tiempo, según el hijo, el hombre vejaba continuamente a su madre con insultos "machistas", obligándola a vestir como él quería, sin escotes y sin colores vistosos, o a no maquillarse, e incluso sufrió maltrato físico, lo que le llevó a sentir "mucho miedo".

También la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Pinos Puente ha confirmado que R.R.C. tenía "bastante miedo" de su pareja, a la que llegó a denunciar por malos tratos, si bien el juicio abierto concluyó con una sentencia absolutoria que se dio a conocer después de su muerte.

Además, ha negado que la mujer se moviera por un interés económico, ya que la propia familia de su pareja le ofreció una cantidad para que retirara la denuncia, y ella declinó "sin titubear" la oferta. Según la testigo, R.R.C. acudía casi todos los días al centro, e incluso llamó a la asesora el mismo día en el que ocurrieron los hechos.

El juicio continuará este miércoles con la audición de las conversaciones que mantuvo la víctima con el teléfono de atención a la mujer maltratada, con las conclusiones y los informes de la partes, y quedará así finalmente visto para sentencia.

La Fiscalía pide para el procesado un total de 26 años de prisión, por un delito de asesinato con la agravante de parentesco, y quebrantamiento, por vulnerar la orden de alejamiento. Además, como la fallecida tenía cuatro hijos, el mayor de 18 años y otros tres menores de edad, el Ministerio Público solicita una indemnización de 60.000 euros para cada unos de ellos, más otros 24.000 para su madre, en concepto de daños morales. La misma petición la formulan la Abogacía del Estado y la Junta de Andalucía, personados también en el caso.

La acusación particular eleva su solicitud de condena a los 31 años y tres meses de prisión, por un delito de violencia habitual, amenazas, asesinato con alevosía y ensañamiento y quebrantamiento continuado, y pide un total de 280.000 euros de indemnización para los familiares de la víctima.

Acusación de la fiscalía

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, desde el año 2006 el procesado, que permanece en prisión provisional desde lo ocurrido, convivía en su domicilio, en Pinos Puente, con su compañera sentimental, R.R.C., si bien la relación de pareja se fue deteriorando hasta que el 1 de junio de 2010 ella interpuso denuncia contra él por malos tratos y amenazas, que motivó que se dictara para el hombre una orden judicial de alejamiento.

No obstante, el procesado hizo caso omiso a la prohibición, que incluía que abandonara el domicilio en el que vivía con la mujer, y el 24 de junio de 2010, en una calle céntrica de la localidad granadina, detuvo su ciclomotor frente a su expareja a menos de 50 metros y "la miró fijamente con intención de inquietarla".

En la mañana del 1 de julio de 2010, el hombre, aún vigente la medida cautelar, "resentido" con la mujer por la situación que estaba viviendo, decidió acabar con la vida de ésta, y provisto de una azada con pala de hierro, se dirigió en su ciclomotor a buscarla, "dispuesto a llevar a cabo su propósito".

Sobre las 12,30 horas la localizó en la calle Real, y "con la evidente determinación de causarle la muerte", le golpeó con la azada por la espalda, a la altura del hombro derecho, sin que la mujer "pudiera en forma alguna defenderse por los repentino e inesperado de la acción, a lo que se añadía su grave deficiencia visual", ya que tenía reconocida por este motivo un grado de minusvalía del 77 por ciento.

Tras el primer golpe, el inculpado continuó golpeando a su ex con la azada, propinándole tres más en el hombro, otro en una zona próxima al cuello, y otro en la región cervical, hasta que la mujer cayó al suelo, donde siguió agrediéndola, hasta destruirle el cráneo, lo que provocó su muerte inmediata.

Pese a que ya estaba fallecida, el hombre continuó golpeándola hasta que un viandante le consiguió arrebatar la azada y le conminó para que cesara la agresión, a lo que el acusado le contestó "qué, vas a ayudarla, no ves que está muerta", marchándose en su moto tras referir que se iba al cuartel de la Guardia Civil. En las inmediaciones fue localizado poco después, y comentó a uno de los agentes que estaba "orgulloso" de lo que había hecho porque, según le dijo, le iba a quitar la casa y antes él se la había "quitado de en medio".