La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha realizado este lunes un primer análisis del anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad de la Educación presentado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y, pese a no compartirlo por considerarlo "excluyente, elitista, segregador e ideológico", ha ofrecido y exigido al mismo tiempo al Gobierno de la Nación "diálogo de verdad" para abrir un debate en torno al texto que permita, entre todas las comunidades autónomas y los profesionales de la comunidad educativa, "mejorarlo" y hacer una reforma "a fuego lento" y no de forma "arrebatada".

En rueda de prensa, Moreno ha expresado su rechazo a las formas en las que el minsitro del ramo, José Ignacio Wert, está intentando acometer esta reforma —"sin ser debatida en la Mesa Sectorial", sin "información rigurosa" y "con precipitación y de espaldas" a las respectivas autonomías"— pero, sobre todo, ha criticado "el fondo" de la misma. En su opinión, esta reforma está hecha "a medida del PP" y de los sectores "más conservadores que lo apoyan" y, lo que es peor, "que no va contra el fracaso escolar sino contra los alumnos que han fracasado".

Prueba de ello, ha señalado, son las medidas que contempla este texto para el alumnado, que será el que "más sufrirá las consecuencias perjudiciales" de la reforma con la implantación de las reválidas, la "segregación temprana" en diferentes itinerarios, la "pérdida de la equidad y la igualdad" en la enseñanza y el traspaso de alumnos de la ESO a la Formación Profesional Básica, que sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Para el Gobierno andaluz, el hecho de que las pruebas de evaluación se realicen al final de cada etapa educativa no son para diganosticar problemas y solucionarlos, sino para "convertir la educación en una verdadera carrera de obstáculos" porque, en cualquiera de las tres "reválidas" contempladas en el anteproyecto de Ley (sin contar la que se reservan las universidades), "los niños van a ser sometidos a unas pruebas que en nada tienen que ver" con los objetivos de esa etapa educativa.

Otro elemento "muy regresivo", tal y como ha explicado Moreno, es la "segregación y selección excesivamente temprana" que se pretende hacer de los chavales "no a los 15 años como dice el ministro, sino antes, a los 14 o incluso a los 13" dependiendo del mes de nacimiento de los mismos. La consejera entiende que es una edad en la que aún se tiene "poca madurez" para saber qué se quiere hacer en el futuro y, además, que supone una "clara segregación" del alumnado "sin posibilidad de retorno". En este punto, ha criticado duramente que Wert haya reconocido públicamente en una entrevista que los estudiantes que pasen ya a esta edad a la Formación Profesional Básica "no contarán como fracaso escolar", lo que a su juicio supone "maquillar estadísticamente los datos del fracaso a costa de niños de 13 o 14 años".

De otro lado, la Junta tampoco comparte que el incremento de las titulaciones de FP esté acompañado, por contra, de la "bajada de alumnos en Bachillerato". "Nosotros compartimos que haya más titulaciones de FP, pero es que el Gobierno lo plantea de forma engañosa porque lo que pretende es engrosar este número pero poniendo obstáculos para que bajen los de Bachillerto", ha argumentado Moreno tras incidir nuevamente en la "gran carrera de obstáculos" que este modelo educativo va a suponer para miles de alumnos y, sobre todos, para aquellos que tienen más dificultades.

Es por eso por lo que asegura que lo que pretende el Gobierno con este anteproyecto de Ley es "reservar la Universidad supuestamente para los mejores" y "romper totalmente con la equidad y la igualdad" —"señas y banderas" del sistema educativo andaluz, según ha dicho— en busca de "una falsa calidad". Según Moreno, esto también se constata cuando se comprueba la memoria económica del texto, de unos 350 millones de euros frente a los 1.500 de la anterior Ley educativa, la LOE. "Parece que hubieran dicho este es el dinero que hay y haz una ley para ello", ha lamentado no sin antes recalcar que ahora puede llegar a entender por qué el PP prevé bajar en un punto el PIB destinado a educación en los próximos años: "porque lo que desde luego se persigue es una escuela más pequeña, con menos alumnos, con menos profesores, menos pluralidad, menos ideas, menos participación y menos oportunidades".

No a la visión catastrofista de la educación

La titular andaluza de la Consejería de Educación también ha aprovechado este primer análisis del anteproyecto de ley para advertir de que el Gobierno andaluz "no comparte la visión catastrofista de la educación" que demuestra el Ejecutivo central, al que ha acusado de hacer un "mal disgnóstico" de la situación —lo que conduce por tanto a un "mal tratamiento"— y de "elaborar primero la ley y buscar después los indicadores que la intentan justificar".

A su juicio, el sistema educativo en España y en Andalucía tiene "mucho que mejorar" pero no por eso se pueden menospreciar datos de la OCDE y del Informe PISA que sitúan a los alumnos del país en un nivel de lectura o de competencias matemáticas "similar al del promedio" del resto de países evaluados. "No digo que no haya que mejorar. Sí que hay problemas y hay que mejorar indicadores, pero no anular el problema y apostar por una educación excluyente y segregadora", ha insistido.

Sobre todo, argumenta, porque esta reforma busca la "ruptura total de la equidad y la igualdad" entre el alumnado en lugar de evitar el fracaso escolar. Cómo si no, ha dicho, se explica que se vayan a cambiar las condiciones laborales del profesorado bajo "amenazas de traslados forzosos" o que se cambie la naturaleza de las evaluaciones, que ya no serán para "mejorar sino para utilizarlas como elementos de selección y expulsión" del alumnado del sistema. Y ello acompañado de la "eliminación de la prohibición expresa de hacer públicos los rankings" de los centros, lo que producirá "tensiones" entre los centros como si fueran "franquicias" y "vendieran productos".

Ante esto, Moreno ha vuelto a exigir "diálogo" y "ni un paso atrás en las enseñanza pública", aspectos estos que ha antepuesto incluso al hecho de que las comunidades autónomas puedan perder competencias a la hora de decidir sobre el currículo de sus estudiantes. "No queremos poner el acento ahí porque con una buena reforma que avance en calidad, lo de las competencias es lo de menos", ha apostillado. Eso sí, ha advertido que por donde no pasará el Gobierno andaluz será por una reforma educativa "meramente ideológica" y que no busque combatir el fracaso escolar sino "excluir"a los que fracasan.

"Pedimos y nos ofrecemos para un debate sereno y constructivo y hay tiempo para hacerlo", ha aseverado. Tras ser preguntada sobre la posibilidad de que no se llegara a una Ley de consenso en el trascurso de su tramitación y si, en ese caso, la Junta acudiría a los tribunales, Moreno ha señalado que "ahora msimo el diálogo es posible y exigible" y que, por tanto, ahora no piensa en esa posibilidad. En ese sentido, ha reclamado nuevamente capacidad de debate y ha apelado al diálogo como vía para "mejorar" este anteproyecto de ley contando con las autonomías y con los profesionales del sector.