Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una proposición para su debate en el Pleno del Congreso en la que insta al Gobierno a obligar a las comunidades que soliciten ayuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a firmar un compromiso expreso de que no destinarán esas ayudas a proyectos de secesión.

En su iniciativa, que recoge Europa Press, la formación magenta reclama que se presente a las Cortes en un plazo máximo de tres meses un proyecto de ley de Empleo del Rescate de Comunidades Autónomas en el que se permita, además de las condiciones presupuestarias y financieras previstas, la imposición de condiciones políticas "de preservación del ordenamiento constitucional" a las regiones que requieran ayuda financiera del Estado.

"Tales condiciones consistirán en el compromiso expreso de que la ayuda financiera extraordinaria no será empleada para financiar de ningún modo, directo o indirecto, proyectos o iniciativas políticas de secesión de la comunidad autónoma del conjunto del Estado español", precisa UPyD.

Proteger el interés general

Además, exigen que, en el caso de incumplimientos por parte de alguna comunidad autónoma, el Gobierno pueda "poner en marcha la ejecución de las previsiones" incluidas en el artículo 155 de la Constitución para la protección del interés general.

Esto es, que "si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Y es que, según recuerda la formación que lidera Rosa Díez, las comunidades autónomas son "partes básicas de la arquitectura constitucional" de España, por lo que el Gobierno central sí tiene potestad para imponerle condiciones políticas "conducentes a corregir las actuaciones que hayan podido ser causa de la crítica situación financiera que las obliga a ser rescatadas".

"Sostener que el Estado no estuviera cualificado para solicitar a las comunidades autónomas condiciones de tipo político conllevaría la asunción de que las relaciones entre el Estado y las comunidades que lo componen es igual a la existente entre estados soberanos y organismos internacionales como la UE o el FMI, convirtiendo a las comunidades autónomas en virtuales estados soberanos iguales al estado común", alega UPyD.

Las comunidades tienen la culpa

Finalmente, la formación magenta defiende que muchos de los problemas financieros que atraviesan los ejecutivos regionales se deben a una gestión "que ha tratado de imitar la administración propia de un estado soberano".

Entre otras cosas, menciona decisiones adoptadas en algunas autonomías como "la creación de redes de 'embajadas' autonómicas en el extranjero o subvenciones a instituciones de otras comunidades autónomas y de terceros países con las que se presume sintonía dentro de un proceso ideológico de 'construcción nacional'"

"Es por eso de la mayor importancia que el Estado exija a las comunidades autónomas que solicitan su rescate financiero garantías de que éste no se destinará a financiar de ningún modo prácticas de gobierno incompatibles con el ordenamiento constitucional, tales como proyectos de 'construcción nacional' y procesos conducentes a la secesión de la comunidad autónoma", concluye la propuesta.

Precisamente la Generalitat de Catalunya ha hecho ya oficial la petición de 5.023 millones de euros al Ejecutivo central para poder hacer frente a importantes vencimientos de deuda este mes de octubre. El rescate a Cataluña coincide, además, con las reclamaciones de independencia en la manifestación de Barcelona celebrada con motivo de la Diada, el 11 de septiembre, y que ha llevado al president Artur Mas a plantear la creación de un estado propio.