El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga instará en la próxima Comisión de Economía y Hacienda al equipo de gobierno del PP a que "muestre su más enérgico rechazo" a la "amenaza" vertida, el pasado mes de julio, por el Ejecutivo central contra Facua de perder su condición de asociación de consumidores y usuarios sino retira las acciones y campañas sobre los recortes en sanidad, educación pública y los efectos de la subida del IVA.

En este sentido, la portavoz socialista, María Gámez, ha defendido la labor de Facua y ha destacado "la necesidad de que los ayuntamientos, como institución más cercana a los ciudadanos y la más defensora del asociacionismo y de la participación ciudadana, no queden impasibles ante el atentado que está cometiendo el Gobierno central".

Por ello, "consideramos necesario que el Ayuntamiento de Málaga muestre su rechazo ante la actitud antidemocrática mostrada y su apoyo activo a esta asociación a través de la firma del manifiesto impulsado por Facua, para que se respeten las libertades democráticas y se abstenga el Ejecutivo de Rajoy de seguir adelante con la amenaza de ilegalizar esta organización", ha manifestado.

De igual modo, la portavoz socialista ha señalado a través de un comunicado que, desde que se conoció la "amenaza" del Gobierno central de ilegalizar a Facua, "han sido muchas las personas, organizaciones sociales, asociaciones, partidos políticos y sindicatos, los que han mostrado su apoyo a esta asociación y han rechazado el atentado contra la libertad de expresión que supone esta acción".

De llevarse a cabo la ilegalización anunciada, ha explicado Gámez, Facua quedaría excluida del Consejo de Consumidores y Usuarios, que es el órgano de representación de las asociaciones de consumidores, y se les negaría las subvenciones estatales a las que tienen derecho por ley para ejercer sus funciones; además "de verse desprotegidos los miles de malagueños que se quedarían sin voz que defienda sus intereses", ha indicado.

Por último, la edil socialista ha recordado al Gobierno de la Nación que "la Constitución Española reconoce, en sus artículos 22.1 y 51, el derecho de asociación y la garantía a través de los poderes públicos de la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos".