PRC pide al Gobierno que garantice la financiación de los ayuntamientos y rechace la desaparición de juntas vecinales

Rafael de la Sierra aboga por que el Ejecutivo cántabro tome parte activa en la reforma de la Administración Local y ofrece colaboración
Rafael De La Sierra
Rafael De La Sierra
EUROPA PRESS
Rafael De La Sierra

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, defenderá el lunes en el Pleno una moción en la que insta al Gobierno de Cantabria a adoptar "todas las medidas que sean necesarias" para garantizar que la modificación de la normativa sobre régimen local que pretende llevar a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy garantice una adecuada financiación de los ayuntamientos, aclare "definitivamente" sus competencias y evite la desaparición de las juntas vecinales y las mancomunidades.

La propuesta apuesta por impulsar la colaboración entre ayuntamientos para la gestión común de servicios públicos y establecer "medidas eficaces de reducción del gasto innecesario sin coartar el ejercicio de la función pública de alcaldes y concejales", al tiempo que rechaza que las diputaciones provinciales pueden asumir el ejercicio subsidiario de las competencias que corresponden a los municipios.

Con esta moción, el portavoz del PRC pretende que el Gobierno de Cantabria "no se quede al margen" de la reforma de la Administración Local planteada por el Consejo de Ministros, sino que tome "una actitud activa" y que lo haga "ahora, no después de que el Gobierno de España adopte una decisión" y "en colaboración con el resto de las fuerzas políticas, escuchando las ideas, los criterios y las propuestas de las entidades locales cántabras", para lo cual ha ofrecido el apoyo de su grupo parlamentario.

A su juicio, el Ejecutivo regional debe plantear iniciativas legislativas que permitan conseguir un mejor funcionamiento de estas entidades, "más eficaz, más eficiente y adecuadamente financiado".

Rafael de la Sierra considera que la mejora de la normativa que regula las entidades locales en España es "importante, urgente y conveniente", aunque no debido a la crisis económica, porque "contrariamente a lo que se está diciendo los ayuntamientos no son responsables del déficit y del aumento descontrolado de la deuda pública en España".

"Y mucho menos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, las mancomunidades o las juntas vecinales, que lejos de ser responsables de la crisis son claros perjudicados por ella", ha precisado.

En este sentido, ha recordado que la deuda de los municipios, "salvo unas pocas excepciones bien conocidas", se encuentra "dentro de límites razonables", e incluso ha descendido en el último año, "al contrario que la del Estado, que ha aumentado en más de 28.000 millones".

FINANCIACIÓN

Además, ha indicado que los mayores problemas de los ayuntamientos son los relacionados con la financiación, por lo que la reforma legal debe garantizar "unos ingresos que hagan viable la prestación con garantías de los servicios públicos que les corresponden".

También ha señalado que la ley debe aclarar cuáles son las competencias obligatorias de los municipios, "liberándoles de determinadas cargas que han ido asumiendo a lo largo del tiempo, debido sobre todo a la bonanza económica, en temas como servicios sociales, cultura o seguridad, sin que se les haya dotado de la correspondiente financiación para llevarlos a cabo".

Para el portavoz regionalista es necesario mantener el nivel de competencias básicas "fomentando y desarrollando fórmulas de gestión como mancomunidades o comarcas, para desarrollar conjuntamente servicios obligatorios o voluntarios comunes". "Y la solución al ejercicio de las competencias no es resucitar la diputación", ha apostillado.

"No es momento de eliminar ayuntamientos, ni de vaciarles de competencias, sino de garantizar la prestación de servicios comunes mediante fórmulas cooperativas, para ahorrar costes y ganar en eficacia", ha continuado De la Sierra, quien tampoco considera "admisible" la eliminación de las entidades locales menores, porque "desarrollan una importante labor en múltiples aspectos importantes de la convivencia vecinal", sin perjuicio de que sea "conveniente" regular mejor su funcionamiento, establecer el control y la fiscalización de la actuación de sus gestores y aclarar sus funciones, "eliminando aquellas que no les corresponden".

También ha defendido la necesidad de regular y, en su caso, limitar los gastos de los representantes públicos, "pero con límites racionales, garantizando el ejercicio eficaz de su gestión, que en muchos municipios medianos y pequeños es singularmente necesaria".

Reducción de gastos

Asimismo, se ha mostrado partidario de la reducción y eliminación del gasto en personal de confianza, asesores, directores generales y personal liberado total o parcialmente "allí donde supone un gasto presupuestario injustificado, lo que no ocurre en la mayoría de los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes y sí en los de mayor población".

Finalmente, Rafael de la Sierra ha calificado como "injustificada" la pretensión del Gobierno de Rajoy de reducir un 30 por ciento el número de concejales en toda España, porque constituye "una maniobra política destinada a favorecer el resultado electoral de los partidos mayoritarios". "Desde el punto de vista del gasto no tiene justificación, porque la mayoría de los concejales que se pretende suprimir no perciben sueldo alguno", ha concluido.

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