La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha comparecido este jueves ante las Cortes para explicar cómo afectan a las personas en situación de Dependencia las modificaciones introducidas por el Gobierno de España, mediante Real Decreto Ley, y ha aportado el dato de que los servicios a la Dependencia suponen a la Junta de Castilla y León un coste un 16 por ciento superior que el promedio de las administraciones autonómicas españolas.

En su intervención, la consejera ha reiterado la idea de que los servicios sociales de la Comunidad tratarán de potenciar aún más los servicios, por considerar que, a través de ellos, se presta una atención de calidad, al tiempo que son generadores de empleo, frente a las ayudas por cuidados en el entorno familiar.

Todo ello, ha reconocido Marcos, con la dificultad de que estos servicios de atención a la dependencia suponen en Castilla y León un coste de cerca de un 16 por ciento más que para el promedio de España, por lo que la apuesta de la Junta por los servicios generará "más costes" al resultar más caros que las prestaciones por cuidados familiares.

En primer lugar, la consejera ha repasado los motivos por los que, según su opinión, la situación actual de la gestión de la Dependencia es "complicada", con especial incidencia en la "histórica" falta de financiación por parte del Estado, que ha llevado a la Junta a aportar cinco veces más en fondos; así como el "injusto" reparto de la financiación, y la fuerte crisis económica "que ha provocado la supresión del nivel acordado de financiación y la reducción de cuantías del nivel mínimo garantizado, decretados por el Estado".

Todo ello ha "obligado" a Castilla y León, ha explicado, a reaccionar de "forma rápida" para redefinir su sistema de atención a la Dependencia, con el objetivo de "priorizar aún más los servicios, por ser los que prestan una atención de calidad y son generadores de empleo, frente a las ayudas por cuidados en el entorno familiar". En definitiva, se pretende primar los servicios, frente a los cuidados familiares, como marcan los principios básicos de la Ley desde su nacimiento.

El motivo, como ha reiterado Milagros Marcos, es el "abuso" que a su juicio se ha producido en los últimos años de las prestaciones por atención familiar, que suponen casi la mitad de las prestaciones del sistema. Y eso que, como ha indicado en su primera intervención ante la Comisión, este tipo de prestaciones se encuentra en la Comunidad en el 31,70, por debajo de la media estatal del 45,13 por ciento.

En este sentido, las medidas se dirigen a "permitir la supervivencia de una red de servicios", que actualmente, ha recordado la consejera de Familia, tiene un 22 por ciento de plazas vacantes, al tiempo que impulsar un sector "que ha demostrado ser generador de empleo y en el que actualmente trabajan más de 35.000 profesionales". En opinión de Milagros Marcos, "no adoptar en este momento las medidas necesarias, por duras que puedan parecer, pondría en riesgo el sistema de bienestar, destruiría la red de recursos, de empleos, así como la esperanza de la atención futura para quienes más lo necesitan".

Los cambios

Las medidas concretas que fueron aprobadas en la orden del 30 de julio que establece la nueva regulación de la Dependencia en Castilla y León y que, ha insistido Marcos, encontraron el consenso del Diálogo Social y el sector de familiares de personas dependientes, pasan, en primer lugar, por incrementar de forma automática en un 20 por ciento, sobre la previsión del Gobierno, las cuantías máximas destinadas a los servicios profesionales y que corresponden a personas con menores recursos económicos.

De forma contraria, se disminuirá la cuantía mínima que reciben las personas con rentas más altas; con un mínimo garantizado en este caso el 10% de la cuantía máxima que le pudiera corresponder según su grado de dependencia. Se trata, ha puntualizado, "de redistribuir el copago, de tal forma que se produzca una transferencia de dinero desde las rentas más altas a las más bajas".

Junto a esto, y de acuerdo con el sector, se establece un precio máximo de referencia para cada uno de los servicios, con la idea de que sean accesibles a todas las personas, y se fijan unos criterios de calidad. La consejera Milagros Marcos ha recalcado en que priorizar el acceso a los servicios, ya sean públicos o mediante la concesión de prestaciones vinculadas, fijar criterios y pactar precios, permite que las personas más dependientes puedan recibir el mismo servicio con independencia de su capacidad económica.

En segundo lugar, la Consejería profundizará en el carácter "excepcional" de las prestaciones por cuidados en el entorno. Para ello, se reducirán de forma progresiva las cuantías destinadas a cuidados no profesionales, de tal forma que el 15% de reducción del Estado se incrementa en un 15% en 2012, en otro 10% en 2013 y otro 10% en 2014. Esos porcentajes, ha matizado, no serán lineales, sino en función de la capacidad económica de cada usuario.

A este respecto, ante las preguntas de los medios de comunicación durante el receso pactado en la sesión, Milagros Marcos ha vinculado las 800 personas en las que se ha reducido el número de altas en los servicios de Dependencia, según los últimos datos de septiembre, con los cambios en la normativa. Pero también ha justificado que Castilla y León ha sido "la primera" Comunidad en llevar a cabo esta modificación y que el sistema informático y los formatos de resoluciones se encuentran en proceso de cambio, por lo que ha confiado en que "el próximo mes" se vuelva a activar el sistema.

La consejera ha añadido que las personas que hoy estén percibiendo cuidados de sus familiares y que deseen sustituir esta prestación económica, como resultado de esta modificación, tendrán la opción, de forma inmediata, de solicitar libremente otros servicios de atención profesional ya sea en su propio domicilio —ayuda a domicilio, centros de día— como en un centro residencial.

Centros multiservicios

Para hacerlo más atractivo y proporcionar esa atención de calidad, la Consejería se ha comprometido a acercar los servicios al ciudadano mediante el desarrollo de los centros multiservicios, especialmente en el medio rural. Este nuevo modelo, por el que apuesta la Junta de Castilla y León, pretende que desde un centro residencial se proporcione a la población cercana todo tipo de servicios, tales como teleasistencia, ayuda a domicilio, catering, lavandería, comedor, centro de día o atención residencial. Este tipo de centros permitirá al usuario que lo desee vivir de forma permanente en él y a los no residentes tener la oportunidad, por ejemplo, de acudir a tomar un café, dormir un fin de semana o dos semanas, permanecer durante el día o sólo por la noche, o incluso llevar su ropa a la lavandería del centro.

Además, las personas dependientes de la Comunidad tendrán un mayor abanico de posibilidades para elegir un servicio, pues se ha incrementado la cartera de servicios que se ofrece a las personas que permanecen en su hogar con dos nuevas prestaciones, que se ofertarán como novedad a todos los usuarios con independencia de su grado de Dependencia. Se trata del servicio de promoción de la autonomía personal y el servicio de asistencia personal.

En todo caso, la consejera ha hecho hincapié en que el trabajo se ha podido realizar mediante el "alto grado de participación y consenso social, el desarrollo normativo rápido y eficaz que realizó Castilla y León al inicio de la aplicación de la Ley, el acceso unificado a los servicios sociales y la incorporación de casi 500 nuevos profesionales".