Las cinco familias desalojadas este jueves por la Policía Nacional de la 'Corrala La Alegría', nombre otorgado al colectivo constituido en torno al número 158 de la calle Feria de la capital hispalense, se han encerrado dentro de la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía, acompañadas por miembros del 15-M y de otros colectivos sociales, según ha informado el movimiento en una nota.

Allí se han reunido con la delegada territorial del ramo, Granada Santos, para exponer su situación y las demandas en torno al problema de vivienda que padecen estas familias, "así como otras miles en la provincia de Sevilla y en toda Andalucía"; la intención de las familias y los activistas es encerrarse en este edificio durante 24 horas. Se ha convocado a las 20,00 horas una concentración de apoyo a las familias y a su lucha por una vivienda digna.

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han procedido a primera hora de este jueves al desalojo de siete personas pertenecientes a las familias. Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y del movimiento 15-M, el desalojo se ha iniciado en torno a las 6,30 horas, finalizando en torno a las 7,45 horas, sin que en el proceso se haya registrado ningún tipo de incidencia ni se haya detenido a persona alguna.

La acción se ha llevado a cabo por orden judicial, después de una denuncia de la propiedad. El colectivo en este sentido, había aprobado en asamblea realizar acciones de resistencia "pasiva, dentro de lo que se pueda y en el marco de la no violencia", contando con el respaldo del existente movimiento de apoyo hacia las familias alojadas, en la medida en la que los afectados se encuentran en "una lucha pacífica por el derecho a una vivienda digna".

"Ya están en la calle cinco familias cuyos problemas no se han solucionado", ha explicado a Europa Press uno de los integrantes del 15-M, Pablo, que ha lamentado que las autoridades no hayan tenido en cuenta la situación de estas personas, con las que no se ha contactado. Y es que, a su juicio, la problemática de la vivienda no se aborda sólo desde las administraciones. "Sólo se atiende a los intereses de la propiedad, y no al derecho al uso", ha apostillado.