El representante de la mediadora de seguros Uniter José González Matas ha manifestado este jueves, durante su comparecencia en la comisión de investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que tiene constancia de que el Parlamento andaluz dio "orden directa" de incluir en una póliza, que estaba siendo gestionada por su empresa, a "20 intrusos", si se entiende como tal a trabajadores pertenecientes a sociedades vinculadas a la empresa matriz objeto del ERE o a trabajadores adscritos a empresas auxiliares de esa empresa matriz.

González Matas ha respondido a las preguntas de los grupos políticos durante su comparecencia, por el "profundo respeto" que, según ha expresado, siente por el Parlamento y porque por fin tiene un foro donde poder expresar la realidad de la intervención de Uniter en el asunto de los ERE, tras muchos meses de "acusaciones", "infundios" e "injurias", en una clara situación de "indefensión".

Respecto al asunto de los llamados "intrusos", personas incluidas en las pólizas cuando realmente no trabajaban en la empresa objeto del ERE, ha empezando señalando que, en su opinión, no se puede tachar de intrusos a trabajadores pertenecientes a sociedades vinculadas a la empresa matriz objeto del ERE ni a trabajadores adscritos a empresas auxiliares de esa empresa matriz.

No obstante, ha agregado que si finalmente se considera como intrusos a esas personas, trabajadores que no pertenecían en realidad a la empresa afectada por el ERE, sino a sociedades vinculadas como, al parecer, se está haciendo en el proceso penal, resultaría que este propio Parlamento ha "acordado introducir intrusos en los ERE".

Concretamente, ha indicado que en el año 2003 se tramitó el ERE y la correspondiente ayuda para el colectivo de trabajadores de la llamada Bolsa de Tharsis del sector minero de la Faja pirítica de Huelva y durante esa tramitación, 20 trabajadores de otras las empresas Citrasa y Sol Lepe solicitaron ser incluidos en la póliza argumentando que integraban ese colectivo y que habían sido excluidos indebidamente. Esa solicitud de inclusión, según ha apuntado, fue desestimada por los sindicatos y por la Dirección General de Trabajo de la Junta, de manera que los 20 trabajadores se dirigieron al Parlamento y se dio traslado de la petición a la Comisión de Gobierno, Interior y Derechos Humanos, que finalmente decidió incluir a los trabajadores en las ayudas.

Con posterioridad, según ha añadido, el letrado mayor del Parlamento, mediante oficio 26 de diciembre de 2003 (escrito que ha entregado a la comisión) se dirigió a la Consejería de Empleo ordenando la inclusión de esos trabajadores en la póliza concertada, oficio que la Dirección General de Trabajo trasladó a Uniter a los efectos oportunos.

Ha insistido en que si se ha denominado "intrusos" a trabajadores de empresas vinculadas diciéndose que se han incluido en las pólizas de forma indebida, también habremos de considerar como "intrusos" a los mencionados 20 trabajadores y que lo serían "por orden directa de este Parlamento".

"el parlamento no toma esa decisión"

Sobre este asunto, se produjo la intervención del presidente de la comisión de investigación, el diputado de IULV-CA Ignacio García, para dejar claro que en ningún caso el Parlamento puede tomar la decisión de incluir a ningún trabajador en una póliza. En cuanto al asunto de la Bolsa de Tharsis, ha expuesto que el acuerdo de la comisión parlamentaria es considerar que el escrito que se le remitió reunía los requisitos necesarios para ser calificado como petición y que, en consecuencia, fue remitido a los grupos y a la Consejería de Empleo para que tuviera conocimiento del mismo y adoptara las medidas pertinentes.

"Uniter es ajena y no interviene ni en la selección de la empresa a la que afectará el ERE ni en la selección de los trabajadores que serán objeto de la cobertura aseguradora ni en la cuantificación de ayudas ni en la fórmula de pago de la prestación", ha indicado González Matas, apuntando que su empresa carece de facultades, posibilidades y capacidad de conocer si una persona incluida por otro interviniente en una póliza "reúne o no la condición de trabajador de la empresa en cuestión".

Asimismo, ha negado que Uniter recibiera comisiones "desorbitadas", de hasta un 25 por ciento, alejadas a las normales del mercado. "Eso es llana y simplemente mentira", ha indicado González Matas, quien ha explicado que las comisiones que se han recibido "quedan al margen del concepto de lo público" porque quienes las abonan al mediador son las companías aseguradoras, con lo queda entre entidades privadas.

"Quien paga la prima no es la Junta, sino el tomador de la póliza", ha sentenciado este empresario, quien ha recalcado que la Junta no es ninguna tomadora de seguros y no ostenta ni las obligaciones ni derechos de ésta.

Ha explicado que la comisión neta percibida por Uniter por su labor de mediación en la suscripción de las pólizas de seguro de vida en su unidad de renta, no solo no se aproxima al 20 ó 25 por ciento que algunas "malas lenguas afirmaron ni siquiera al 10,37 que señala la Cámara de Cuentas", sino que apenas ascienden a un 3 ó 4 por ciento de la prima, cuando la media del sector para 2012 estaba en el 11 por ciento.

Ha querido dejar claro al inicio de su intervención que su imputación por parte de la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, se debe exclusivamente a que en una de las pólizas en las que medió Uniter, la relativa a la entidad Acerinox, se incluyeron dos trabajadores que no habían cotizado para dicha empresa.

Ha manifestado que su nombre y el de Uniter ha sido "enfangado" y objeto de "injurias", sin que a nadie le importara ni la realidad de los hechos ni la presunción de inocencia. "Se nos ha involucrados en hechos que nos son ajenos y en procedimientos administrativos en los que nada tenemos que ver", ha sentenciado González Matas, quien se ha mostrado muy dolido por que se le haya llegado a calificar de "delincuente y gente sin escrúpulos".

Ha asegurado por su honor que cuando comenzó la intervención de Uniter en pólizas con presencia de dinero público ni él ni nadie de su empresa tenía relación de ningún tipo ni de amistad con quienes ostentaban cargos responsabilidad en la Junta.

Preguntas de los grupos

En respuesta a una pregunta de la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero, sobre si su empresa recibió 800.000 euros de pagos directos de la Junta, ha admitido que sí pero como "ayudas excepcionales" para oficinas para atender trabajadores. Ha insistido en que la Junta no le adeuda nada a Uniter, sino a las compañías de seguros que tienen que hacer pagos a su empresa a partir de esas subvenciones de la administración.

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Jesús María Ruiz le ha preguntado sobre si conocía al conocido como "conseguidor" Juan Lanzas, a lo que ha respondido que nunca tuvo ningún negocio con él porque Uniter no utiliza intermediarios. Ha negado además que tuviera conocimiento de la inclusión en la póliza de Acerinox de dos personas que no trabajaron en dicha empresa.

En respuesta a la pregunta de la diputada de IULV-CA Alba Doblas sobre si tenía una relación personal con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, González Matas ha sentenciado que no tenía ninguna confianza con él ni con el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero. Ha querido dejar claro que sus comunicaciones con el exconsejero siempre eran por los "impagos sistemáticos" de la Junta a aseguradoras, lo provocaba el corte de pagos a los trabajadores.