La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado que la Junta mantiene su desacuerdo con el objetivo de déficit planteado por el Gobierno central, aunque indica que "por las conversaciones que tenemos con el Ministerio de Hacienda, el Gobierno tiene voluntad de abordar una fijación de objetivos con mayores dosis de racionalización en relación a lo que está planteado".

En su comparecencia en comisión parlamentaria, Martínez Aguayo ha dejado claro su compromiso por la estabilidad presupuestaria, algo que "es un bien", aunque precisa que "una estabilidad a lo largo del ciclo tiene una lógica y es beneficiosa y una garantía de sostenibilidad económica de finanzas y servicios públicos".

Asimismo, ha dejado claro que la Junta "luchará por un objetivo de déficit justo", pero ha apuntado que "siempre se luchará cumpliendo la ley, pero no seremos insumisos legales".

Martínez Aguayo reconoce que actualmente a nivel de Estado "no tenemos escenario económico para poder acometer nuestro presupuesto", aunque apunta que el Ministerio de Hacienda "tras múltiples conversaciones y reuniones está siendo plenamente consciente de los efectos de las decisiones que estaban tomando pero no hay decisión sobre esta situación nuclear".

En ese sentido, reconoce que el Ministerio "tiene voluntad de abordar la fijación de objetivos con mayores dosis de racionalización de lo que estaba planteado".

También considera que existe un "reparto desequilibrado entre objetivos de estabilidad del Gobierno y los de las comunidades autónomas", algo que "no es razonable ni comprensible, al ser un reparto de objetivos radicalmente al reves de lo razonable", en un reparto con el que la Junta no está de acuerdo y espera que este asunto se aborde en la Conferencia de Presidentes de octubre.

Martínez Aguayo deja claro que "no pedimos que cambie el modelo de financiación, pero ve que sí es necesario modificar el planteamiento inequitativo entre comunidades autónomas".

La consejera ha destacado las mejores cifras de déficit de Andalucía en relación con otras comunidades autónomas, de forma que "el déficit por habitante, de 573 euros, es un 25 por ciento inferior a la media de comunidades autónomas", mientras que el endeudamiento en relación con la riqueza es "3,5 por ciento inferior a la media de las comunidades autónomas", y la deuda en relación por habitante "es la mitad de la media agrupada de las comunidades autónomas".

Asimismo, en materia de gasto corriente entre 2008 y 2011 este se redujo un 1,9 por ciento, de forma que "a finales de 2011, Andalucía tiene el menor tercer gasto corriente por habitante".

"Andalucía esta siendo exigente en materia de financiación en la utilización de recursos públicos y mantiene el compromiso con la estabilidad presupuestaria", agrega la consejera, aunque, no obstante, reitera que el Gobierno andaluz "mantiene un profundo desacuerdo con los objetivos de déficit".

De esta forma, ha recordado que la Junta "ha acatado todas las medidas pero advirtiendo de forma crítica que no está de acuerdo con alguna de las medidas", tras lo que ha apuntado los recursos presentados por el Gobierno andaluz contra el decreto ley de gasto educativo, decreto ley de medidas sanitarias, y también recursos contra el decreto que afecta a la liberalización de horarios comerciales".

Así, la Junta "se ha visto obligada a aplicar en sanidad y educación ciertas medidas exigidas desde el Gobierno pero bajo criterios propios, manteniendo el máximo empleo público evitando merma de calidad y evitando privatizaciones".

Tras recordar las medidas "ejemplares" adoptadas en educación y sanidad, la consejera ha enumerado las medidas de ahorro contempladas en el plan de reequilibrio financiero presentado al Gobierno, como la disminución de directivos, con un ahorro de tres millones de euros, una medida que se ha acelerado, la reducción "significativa" de vehículos oficiales, o la racionalización del sector público, que se debe culminar con reducción de 111 entes instrumentales y eliminación de 180 puestos directivos, los cuales "casi ya se han eliminado y supone un ahorro de 188 millones".

Martínez Aguayo ha destacado la política de disminución del coste de arrendamientos, sobre lo que ha resaltado que "se está procediendo de forma muy intensa a la revisión de contratos de arrendamiento para tener reducción de costes de un mínimo del 15 por ciento, aunque en algunos casos se alcanzará una reducción del 25 por ciento, en la cuantía total dedicada a esas operaciones".

Ha destacado la reducción entre 2008 y 2011 de un 71 por ciento de los gastos de protocolo, de un 72 por ciento en información divulgación y publicidad y casi un 50 por ciento en gastos locomoción.

También ha aludido a medidas de modernización de gastos públicos, como el plan de simplificación de trámites y procedimientos administrativos, con la ejecución de 246 medidas y numerosas modificaciones normativas, como la plataforma de contratación o el registro de licitadores que supone "un ahorro para familias y empresas andaluzas".

Por su parte, la diputada de IU Rosalía Martín, ha reiterado la necesidad de "compromiso con la estabilidad presupuestaria", y ha lamentado que el Gobierno central "se somete a la Troika", tras lo que lamenta que "el Gobierno y hasta los empresarios nos dicen cuando debemos solicitar el fondo de liquidez", por lo que IU pide a la Junta que "ni escatime en esfuerzo ni se someta a los dictados que quieran imponer del Gobierno central, hay que respetar la dignidad de los andaluces y el papel que representa".

"Andalucía es un referente para hacer las cosas de otra manera, referente mas allá de las fronteras", ha agregado Martín, quien reconoce que "no se puede ser insumiso a la ley pero tampoco se debe ser insumiso al Estatuto" y le ha animado a que "siga dialogando para hallar el consenso y puntos de encuentro".

Martín aboga por "racionalizar planes" y arbitrar grupos de trabajo "para una más amplia participación social y sindical".

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Miranda, en una pregunta parlamentaria relativa al mismo asunto, ha pedido que la Junta "debe hacer políticas para el bienestar los ciudadanos" y considera que "no puede ser que Rajoy sea el culpable de todo, pues parece que el Gobierno andaluz sobra".

En ese sentido, le pide a la Junta que "si realmente Andalucía es imparable en relación con el resto de comunidades y si existe tal diferencial positivo para Andalucía, la Junta al menos atraiga inversiones privadas pero ahora mismo es complicado generar confianza y seguridad jurídica en la Comunidad".

Lamenta en ese sentido que "las medidas adoptadas por la Junta se reduce a recorte de empleos públicos o recortes en inversión, todo ello para cumplir el déficit exigido".