El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), gobernado por el socialista Fernando Zamora (PSOE), ha aprobado durante el pleno ordinario celebrado este miércoles, requerir al Consistorio de Palomares del Río, gobernado por Dolores Rodríguez (PP), que suspenda una resolución de la administración palomareña que ordena al primero de estos ayuntamientos la "reposición de la legalidad física alterada" en una finca de Palomares afectada por un vertido de escombros.

La propuesta de Alcaldía, recogida por Europa Press, expone que el 7 de septiembre de 2011, el Ayuntamiento de San Juan trasladó un decreto de Alcaldía al Consistorio de Palomares del Río, para dar cuenta de la situación de una finca titularidad del primero de estos ayuntamientos pero ubicada en el término municipal de Palomares. La finca en cuestión, enclavada en la zona del Higo del Tío Mingo, había sido objeto de "vertidos de escombros que podrían suponer varias infracciones urbanísticas" y que habrían sido realizados por personas ajenas al propio Ayuntamiento de San Juan. En ese sentido, y según la moción, el Consistorio de San Juan reclamaba que la administración local de Palomares promoviese medidas cautelares para solventar esta situación.

La moción desgrana que el asunto fue también elevado a la por entonces Consejería de Medio Ambiente, toda vez que en noviembre de 2011, el Ayuntamiento de Palomares del Río inició un procedimiento de protección de la legalidad urbanística a cuenta del asunto. Este procedimiento, según el Ayuntamiento de San Juan, concluyó en una resolución que ordenaba la "reposición de la legalidad física alterada" con efectos sobre el propio Consistorio sanjuanero como titular de los suelos, toda vez que la Administración que gobierna Fernando Zamora se desliga de la autoría de los vertidos.

Dado el caso, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en el pleno celebrado este miércoles, ha aprobado requerir al Consistorio de Palomares del Río la "suspensión" de esta resolución de manera previa a la interposición de un recurso contencioso administrativo.