Los trabajadores de la fábrica B3 Cable de Maliaño (Camargo) han recibido este miércoles "desilusionados" la noticia de que la empresa ha solicitado la declaración del concurso de acreedores, el "último recurso legal" para que la planta cántabra sea "viable", tenga "continuidad" y pueda "subsistir".

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Muñiz (UGT), al conocer la solicitud del grupo y después de que la entidad financiera PNC Bank no haya llegado a ningún acuerdo con los dos fondos de inversión que han alcanzado la fase final del proceso de compra.

La situación no es "positiva", en palabras del representante de los trabajadores, que ha comentado que "si no se sale de ésta" significará el "cierre" de la fábrica de Maliaño.

En este sentido, Muñiz ha recordado a esta agencia la existencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal para toda la plantilla —compuesta por más de 300 empleados— de 50 días para cada trabajador y que estará en vigor hasta el próximo 31 de octubre.

A esto se suma la "baja" producción ya que, aunque siguen "trabajando", lo hacen gracias al crédito de 1,2 millones otorgado por PNC Bank para ampliar la deuda de B3 Cable.

Aún así, los trabajadores no van a "rendirse" y optan por "seguir adelante", ya que confían en que en el nuevo periodo que se abre con la solicitud del concurso de acreedores se encuentre algún inversor que quiera hacerse cargo de la planta y se logre una "solución".

CONCURSO

La empresa B3 Cable ha comunicado este miércoles que ha presentado la solicitud de concurso de acreedores para la factoría de Maliaño dentro del plazo legal de cuatro meses que le confiere la legislación concursal, una vez que el pasado mes de mayo se acogió a la figura del preconcurso a fin de iniciar contactos con los posibles inversores.

Hasta el momento, la entidad financiera PNC Bank, principal acreedor de B3 Cable, no ha llegado a ningún acuerdo con los dos fondos de inversión que han alcanzado la fase final del proceso de compra.

Así, a partir de ahora, por tanto, se abre por mandato legal el proceso de concurso en el que igualmente se trabajará sobre la posibilidad de que algún grupo inversor, nuevo o ya conocido, muestre interés por hacerse con los activos de la empresa cántabra y proseguir con su actividad.

Previsiblemente, el proceso se prolongará durante varios meses, y a lo largo de ellos será el administrador concursal quien, en el marco legal, establezca los pasos a seguir y, en su caso y bajo la autorización y supervisión judicial, gestione la eventual traslación de activos y continuación de la actividad.