El Pleno de la Diputación de Cádiz ha validado el Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables diseñado por el equipo de gobierno (PP) para asistir a Ayuntamientos que, por problemas de liquidez, adeudan al menos una nómina a sus empleados municipales. El responsable del área de Hacienda, Recaudación y Contratación, Juan Antonio Liaño, ha explicado la propuesta que ha recibido los votos favorables del Grupo Popular, Izquierda Unida y PA, así como la abstención del Grupo Socialista.

Este instrumento, "abierto y con carácter presupuestario", ya cuenta con 2,5 millones de euros, conforme a la disposición de fondos reconocida por la Tesorería de Diputación. No obstante, según ha referido Liaño, está concebido para ampliar su dotación hasta los 8,5 millones de euros, siempre que la Junta de Andalucía transfiera los seis millones que adeuda a Diputación por la prestación de diferentes servicios sociales de competencia autonómica.

El fondo se dirige a los ayuntamientos que tienen encomendada la gestión de sus tributos en el Servicio Provincial de Recaudación, y preferentemente a los que administran municipios de menos de 25.000 habitantes. Para recibir esta asistencia económica —que no puede superar los 500.000 euros al mes— el Ayuntamiento debe tener retenida la totalidad de las aportaciones procedentes de la Participación en los Ingresos del Estado y de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma. El anticipo se devolverá, sin intereses, en un plazo de tres años para que coincida con la vigencia del actual mandato corporativo, sin necesidad de generar deudas para gobiernos venideros.

Aprobado el plan económico-

Financiero para diputación

Diputación, en la misma sesión plenaria, ha aprobado el Plan Económico-Financiero propuesto por el equipo de gobierno y cuyos objetivos ha explicado el responsable del área de Hacienda, Recaudación y Contratación de la institución provincial, Juan Antonio Liaño. La iniciativa ha prosperado con los votos favorables del Grupo Popular, el rechazo del Grupo Socialista, Izquierda Unida y Foro Ciudadano, y la abstención del Partido Andalucista.

La adopción del Plan se justifica por la situación de "inestabilidad" presupuestaria advertida tras la liquidación del presupuesto del año 2011. Liaño ha cifrado en 10.147.617 euros el importe de dicha "inestabilidad"; una circunstancia que obliga a aplicar los ajustes y políticas de contención necesarias para alcanzar la estabilidad, conforme a los postulados de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en concreto en su artículo 21).

El Plan Económico-Financiero estima que, a final del año 2012, se alcanzará un saldo positivo de 25 millones de euros.