La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (ONGD) ha denunciado ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, impagos por valor de más de 70 millones de euros en subvenciones a proyectos de cooperación y educación para el desarrollo a más de 80 organizaciones por parte de gobiernos autonómicos y locales. En Castilla-La Mancha los impagos ascienden a 8,6 millones de euros.

Asimismo, la Coordinadora señala que estos impagos se suman a los "enormes" recortes sufridos por la cooperación descentralizada como son los retrasos de hasta cinco años en el pago de subvenciones ya concedidas; la negativa a abonar segundos plazos de proyectos ya aprobados y en marcha; la solicitud dilatada en el tiempo, hasta de dos años, de informes que condicionan pagos previamente garantizados; el requerimiento de devolución de fondos ya concedidos; y el no reconocimiento de la deuda contraída.

Concretamente, indica que Andalucía debe un total de 33 millones de euros a estas organizaciones; Cataluña contrae una deuda de 13,5 millones de euros; los impagos de Castilla-La Mancha ascienden a 8,6 millones de euros; por último, la Comunidad Valenciana debe 6 millones de euros a estas organizaciones.

No obstante, ha señalado que la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia, La Rioja, Extremadura y Canarias se encuentran al día en sus pagos.

En cuanto a las entidades locales, ha apuntado que un total de 46 entidades, entre ellas las diputaciones de Valencia y Almería y 44 ayuntamientos, tienen pendientes también deudas con ONGD.

Además, la Coordinadora de ONGD ha manifestado que "de los 70 millones de euros que no se han hecho efectivos, 33 millones han sido adelantados por las propias ONG para garantizar que los proyectos que ya estaban en marcha puedan seguir adelante". "Conseguir ese dinero ha supuesto en muchos casos, que las organizaciones soliciten un crédito bancario cuya devolución se presenta muy complicada si no se recibe el dinero comprometido por las administraciones públicas", ha agregado.

Por último, ha manifestado que "si esta práctica no se modifica, el mantenimiento de cientos de proyectos de desarrollo en más de 120 países del mundo, así como los que se realizan en España en materia de Educación para el Desarrollo, corren serio peligro". "Las consecuencias sobre la vida de miles de personas serían muy preocupantes —ha precisado—. Por ello, solicitamos que la Defensora del Pueblo ponga en marcha todos los mecanismos a su alcance para que las administraciones locales y autonómicas resuelvan cuanto antes esta situación".