Este cambio de prisión habría sido propiciado en un intento de proteger la intimidad del ex edil que ingresó el 21 de julio en este centro penitenciario, tras ser detenido por su presunta vinculación con la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí en el caso Malaya, según han informado fuentes penitenciarias.

De hecho, la dirección de la prisión ha abierto recientemente una investigación interna para determinar las circunstancias en las que internos de la cárcel malagueña habían grabado al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y al propio Muñoz, imágenes, estas últimas, que, finalmente resultaron ser falsas.

Fuentes penitenciarias han señalado que en el traslado habría incidido el hecho de que el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ordenara la semana pasada la ejecución inmediata de la sentencia que lo condenó a un año de prisión, momento en el que habría dejado de ser preso preventivo.

Los abogados del ex regidor recurrieron el auto de ejecución de la sentencia del denominado caso Proinsa , aunque aún no hay resolución al respecto por parte del juez que decretó el cumplimiento "inmediato" de la pena a la que fueron condenados tanto Muñoz como los entonces concejales Rafael González (en prisión por el caso Malaya igual que el ex regidor), Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo.

Muñoz y los ex ediles fueron condenados por un delito contra la ordenación del territorio, al conceder una licencia al proyecto básico presentado por Promoción de Edificaciones Industriales (Proinsa) para construir viviendas, garajes y locales comerciales en una parcela situada al oeste del Palacio Polivalente.

Tras confirmarse la sentencia, el juez ordenó el cumplimiento de la misma, ya que en el caso de Muñoz y de González están en prisión y en general "existe reincidencia", por haber sentencia firme anterior de seis meses de prisión por el caso Banana Beach, al conceder una licencia para construir 238 viviendas, aparcamientos y locales comerciales en suelo no urbanizable, cuya ejecución está paralizada mientras se tramita el indulto.