La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, ha trasladado a las autoridades comunitarias la necesidad de incorporar al documento de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) los criterios que plantea España para que la reglamentación comunitaria se adapte a la realidad de la agricultura mediterránea.

Hernández ha participado junto a una delegación compuesta por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y los consejeros autonómicos del ramo en distintas reuniones de trabajo, durante la tarde de ayer y el día de hoy, con el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, y el ponente de la Comisión de Pagos Directos y Desarrollo Rural, Luis Capoulas; el jefe de gabinete del comisario de Agricultura, Georg Haüsler; y eurodiputados españoles para trasladar la posición española ante la revisión de la PAC y, en concreto, la postura de la Comunitat Valenciana y su sector agrícola.

Maritina Hernández ha valorado que los planteamientos que ha defendido el Gobierno incluyen las demandas planteadas por la Comunitat Valenciana y tienen como objetivo final simplificar y flexibilizar los criterios de aplicación de la PAC de manera que constituya una respuesta adecuada a la realidad de la estructura productiva de la Comunidad Valenciana y favorezca la rentabilidad del productor.

La consellera ha incidido en algunos aspectos que, a juicio de la Generalitat, son fundamentales para el futuro del sector. En este sentido, ha reivindicado "el valor medioambiental intrínseco de determinados cultivos o sistemas de producción, como ocurre en el caso de la agricultura mediterránea, que deben ser acreedores del 'pago verde' sin exigencias adicionales".

"Es inasumible vincular el 30 por ciento de los pagos directos al cumplimiento por parte de los agricultores de mayores exigencias, que repercuten en los costes, cuando además nuestra agricultura ya incorpora los valores ambientales que persigue la Comisión", ha señalado.

Por otro lado, ha puesto de manifiesto la importancia de la política exterior para asegurar la competitividad de nuestras producciones en los mercados, manteniendo los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

De este modo, ha insistido en que "el principio de reciprocidad debe regir en cualquier acuerdo comercial con países terceros, así como sistemas de precios y control en fronteras que evite situaciones de competencia desleal y dumping social derivados de la falta de exigencias medioambientales, las condiciones laborales o el uso de productos prohibidos por la UE".

Asimismo, la delegación española ha solicitado a los responsables del Parlamento y de la Comisión que la PAC "incluya medidas que mejoren el funcionamiento de la cadena alimentaria, reforzando el papel de las organizaciones de productores y de las interprofesionales para disponer de un mayor protagonismo en la gestión de los mercados y, en particular, en el control de la oferta, considerando la posibilidad de introducir excepciones en la normativa sobre competencia, siguiendo el modelo del denominado 'paquete lácteo'".

Seguro de ingresos

Otro de los puntos que ha planteado la consellera es la inclusión de un modelo de seguro de ingresos que permita estabilizar las rentas de los agricultores frente a los riesgos y fluctuaciones de los mercados, así como mecanismos de gestión de crisis ágiles.

En esta dirección, pide recoger de forma explícita la creación de una red de seguridad para el sector de frutas y hortalizas que permita una rápida reacción frente a situaciones que pueden alterar el comportamiento del mercado, minimizando el impacto que puede tener sobre la renta del agricultor.

Entre los temas que se han tratado figura también la necesidad de dotar de una financiación adecuada a la PAC para que se puedan alcanzar los objetivos marcados.