El portavoz del PP en las Corts Valencianes y exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha afirmado ser "víctima" de un "linchamiento político y mediático" por la conocida como 'causa de cooperación', y ha augurado que acudirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) —órgano en el que actualmente se está estudiando su posible imputación— y se "comprobará" que "no hay nada de nada".

Blasco se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras acudir a prestar declaración, en calidad de testigo, al tribunal valenciano por la causa abierta en relación con la presunta financiación irregular del PPCV, dentro del 'caso Gürtel'.

Tras resumir brevemente su declaración por este asunto, Blasco ha sido preguntado también por su posible imputación en el procedimiento que se sigue asimismo en el tribunal valenciano relativo a presuntas subvenciones irregulares a ONGs por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía.

Al respecto, ha asegurado que está esperando que algún día "se haga justicia con lo que ha sido un linchamiento durante 24 meses". Así, ha criticado que ha estado soportando "absolutas infamias sin tener la posibilidad de defenderme y esperando que en su momento, la justicia pueda sustanciar este asunto y resolverlo ya definitivamente", ha dicho.

En esta línea, ha lamentado que es "muy duro" estar 24 meses "en los que no se ha tenido respeto por la presunción de inocencia" y en los que ha sido objeto de un juicio paralelo "absolutamente incompatible con un principio democrático".

Así, Blasco, quien todavía está pendiente de su posible imputación en el procedimiento —algo que tendrá que decidir la magistrada Pía Calderón, encargada de la instrucción— considera que "pronto" se va a resolver este caso y ha dicho que "pasará exactamente lo mismo que hoy aquí: venir aquí y comprobar que no hay nada de nada".

Sobre estas últimas declaraciones, al ser interpelado por si ya se considera imputado, ha comentado que lo ha dicho es que este caso se resolverá, "pero a lo mejor no hace falta estar imputado para resolver esto". Así, ha reiterado que es una "vergüenza" que durante 24 meses "haya sido objeto de un linchamiento político y mediático alrededor de un tema en el que ni se ha respetado la presunción de inocencia ni ha habido una defensa justa". Además, ha añadido que "esto no se corresponde con ninguna base real, que en su momento se demostrará exactamente igual que hoy, que no hay absolutamente nada", ha aseverado.

El caso

La sala de lo Civil y Penal del TSJCV dictó un auto el pasado 5 de septiembre en el que se declaraba competente para seguir la investigación de la 'causa de cooperación', y decidió designar a la magistrada Pía Calderón como instructora.

La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que había investigado inicialmente estos hechos a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos, decidió en junio elevar al TSJCV la causa al considerar que en ella se desprendía la existencia de indicios de hechos delictivos de los que podía ser responsable Rafael Blasco quien, como parlamentario autonómico, mantiene la condición de aforado.

Ahora será la magistrada Pía Calderón la que decida como instructora si debe imputar o no a Rafael Blasco, que se apartó de sus funciones como portavoz del PP en las Corts de forma momentánea tras conocerse la resolución de la juez que investigaba esta causa desde mayo de 2011.

El juzgado de instrucción número 21 de Valencia investigaba presuntas subvenciones irregulares a ONGs por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y, al considerar que había indicios para imputar a Rafael Blasco, decidió elevarlo al TSJCV.

En la exposición razonada elevada al tribunal valenciano, la jueza señalaba que había apreciado en el caso de Blasco "sólidos indicios de participación delictiva en la actividad ilícita que está siendo objeto de investigación", y consideraba que los hechos en los que indiciariamente habría participado se podían calificar como constitutivos de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal; prevaricación del 404; cohecho del 419; tráfico de influencias del 428; malversación de caudales públicos del 432 y falsedad documental del 390.