El secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León (ECCyL), Antonio Guerra, ha reconocido hoy que el colegio La Inmaculada de Valladolid, perteneciente a dicha red y en el que se imparte educación exclusivamente a niñas, tendría que quedar exento de subvención pública si se aplica a rajatabla la sentencia del Tribunal Supremo que impide la formalización de conciertos educativos con aquellos centros que imparten una educación segregacionista.

En el caso del colegio La Inmaculada, ubicado en la calle Arca Real, en el vallisoletano barrio de Las Delicias, la congregación de religiosas sólo admite a niñas gitanas e inmigrantes de la misma etnia procedentes de Rumanía y Bulgaria, circunstancia que el reciente fallo del Supremo considera razón suficiente para dejar fuera a este centro de cualquier concierto.

En este sentido, el máximo responsable de ECCyL, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que la red que dirige y que cuenta con un total de 205 colegios, lo que la convierte en la primera en Castilla y León en número de centros privados concertados, viene apostando desde hace ya muchos años por la "coeducación", ideario que en la actualidad cumplen todos ellos, a excepción de La Inmaculada.

Así, Guerra, pese a reconocer que dicho colegio corre serio riesgo de quedar fuera del concierto educativo "a no ser que cambie la normativa o que se comprometa a incorporar niños", aunque también ha aprovechado para romper una lanza en favor de la comunidad religiosa que lo dirige al recordar que su alumnado pertenece a familias en riesgo de exclusión social.

"Habrá quien pueda tachar de elitista a la educación diferenciada, pero por lo que respecta a este centro es al revés", ha enfatizado Guerra, quien también ha recordado que, a diferencia de fallos anteriores en vía judicial sobre esta misma polémica, la última sentencia del Supremo impide la existencia de centros de educación diferenciada que sean concertados porque así se estableció en 2006 en la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Situación crítica

El responsable de ECCyL, que ha comparecido hoy ante los medios, acompañado del responsable de Innovación Educativa de la red, Leandro Roldán, para analizar el curso pasado y el recién iniciado, ha destacado la situación crítica en la que se encuentran algunos centros privados concertados a raíz de que los recortes del 1,67 y 1,5 por ciento registrados por Real Decreto en 2011 y 2012, respectivamente, en la partida destinada a cubrir sus gastos de funcionamiento.

Al respecto, Guerra ha recordado que ECCyL viene denunciando ya desde hace tiempo la insufiencia de dichas partidas por cuanto en Castilla y León cubren tan sólo entre un 50 y un 60 por ciento de los gastos reales de los colegios, con lo que si a ello se suman las subidas del IVA y del IPC "el desfase a mayores en mantenimiento y funcionamiento de los centros escolares puede ser del 15 por ciento".

Pero además, el responsable de la red, que aglutina en Castilla y León a cerca del 40 por ciento del alumnado y cuenta con 9.000 trabajadores, ha puesto el énfasis en las mermas salariales que sufre el profesorado, después de los recortes del 5 por ciento y ahora del 4,5 aplicados por los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy, respectivamente, lo que ha llevado a que en los últimos tres años sus emolumentos se hayan visto reducidos entre un 10 y un 15 por ciento.

"El problema es que el Estado y la Junta adoptan decisiones de forma unilateral sin tener en cuenta que somos empresas con sus convenios colectivos, tablas salariales...", ha lamentado Guerra, quien, como ejemplo de la delicada situación, ha asegurado que incluso a la hora de cubrir la baja de un profesor hay centros que se han visto obligados a suscribir créditos con el fin de sufragar los salarios de los sustitutos, ya que los colegios adelantan un dinero que al cabo de unos meses les es devuelto por la administración.

Durante su comparecencia, el secretario autonómico de ECCyL ha aprovechado igualmente para denunciar el incumplimiento en Castilla y León del Plan Escuela 2.0, rebautizado en la Comunidad como Plan Red 21, en lo relativo a la dotación a los centros de miniportátiles y aulas digitales.

"El plan sólo se ha cumplido el curso pasado en una primera fase que ha afectado a 19 de los 162 centros privados concertados que cuentan con unidades de Primaria, con lo que la gran mayoría de los alumnos de 5º y 6º de nuestros colegios carecen de ellos. Desconozco dónde está o a dónde ha ido el dinero destinado a este plan", ha censurado Guerra.

En cuanto a la práctica de algunos centros privados concertados de complementar su financiación recurriendo a la vía de las donaciones, Guerra ha incidido en que "tienen derecho a pedirlo pero no la obligación de exigirlo", al entender que las aportaciones de las familias tienen que ser de carácter voluntario. "Cuando algunos colegios no lo han hecho bien se ha producido la sanción correspondiente", ha concluido.