Asimismo González Pons ha indicado que se procederá a la identificación inmediata de los promotores y constructores de las viviendas ilegales, al objeto de iniciar frente a ellos todas las actuaciones sancionadoras y de protección de la legalidad que la Ley Urbanística Valenciana establece.

"Vamos a identificar urgentemente a los responsables de las construcciones de las viviendas ilegales para proceder al embargo de sus bienes y así garantizar las indemnizaciones a los ciudadanos que compraron una vivienda de buena fe y ahora se encuentras con una vivienda ilegal que podría incluso ser demolida", ha indicado el Conseller de Territorio.

Medidas cautelares

Además de estas medidas generales, la conselleria de Territorio ha adoptado diferentes medidas cautelares específicas para el caso de Catral, en el que en los dos últimos años se han construido ilegalmente más de 1.200 viviendas en tres millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, parte de ellos dentro de los límites del Parque Natural del Hondo.

Entre las medidas adoptadas destaca la remisión inmediata a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de todas las actuaciones que hayan podido dar origen a evasión fiscal o a la ilusión de obligaciones tributarias de los presuntos infractores. "Podemos estar ante una gran bolsa de dinero negro que la administración central debe investigar porque los calculamos que a la baja se ha podido ganar más de 80 millones de euros que no han sido objeto de impuestos", ha indicado González Pons.

Asimismo se va a realizar una remisión a la Inspección de Trabajo de las actas que se levanten, por si pudieran derivarse infracciones derivadas de la situación laboral de los trabajadores de las empresas afectadas.

Otras medidas adoptadas son la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la incoación del procedimiento sancionador respecto a cada finca afectada, conforme al artículo 245.3 LUV. La adopción de la orden de suspensión de todas aquellas obras ilegales en curso de ejecución, y notificación de la misma a las compañías suministradoras de servicios para que suspendan inmediatamente el suministro, conforme al artículo 221.2 LUV.

Asimismo se procederá a comunicar la orden de suspensión de obras en curso al Registro de la Propiedad para su constancia mediante nota marginal, conforme al artículo 221.2 LUV. Se dictarán órdenes individualizadas para la retirada de materiales y maquinaria en el plazo de cinco días. En caso contrario, se procederá a su precintado, a costa del interesado, conforme al artículo 226.2 LUV.

También se remitirá al Ministerio Fiscal todas las actuaciones practicadas, al objeto de determinar la existencia de delitos sobre la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente y los relativos a la protección de la flora y fauna, conforme a los artículos 319 y siguientes del Código Penal.

El conseller también ha explicado que se comunicará al Comité de Peticiones del parlamento Europeo, para su conocimiento, de testimonio acreditativo de las actuaciones en curso, al objeto de que se incorporen al procedimiento incoado en su día contra la Comunidad Valenciana.

Por último, conforme a lo establecido en los artículos 226.1 y 245.3 LUV, se adoptarán asimismo todas aquellas medidas cautelares que sean necesarias para garantizar la eficacia de la resolución final y evitar de mayores perjuicios a los intereses generales, incluso para garantizar la efectividad de las sanciones que presumiblemente pudieran imponerse.