El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha anunciado que acudirá este jueves junto al director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde, a una reunión en el Ministerio del Interior para abordar el convenio de la Unidad de Policía Adscrita del Principado de Asturias.

Así lo ha dicho este lunes durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia en la que intervino a petición del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre los convenios, planes y actuaciones a desarrollar por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma.

El consejero ha remarcado la necesidad de "acabar con cierta incertidumbre" sobre la unidad después de "un año sin convenio", ante la no renovación durante la etapa del anterior Ejecutivo.

Asimismo, para Martínez es fundamental conocer la opinión del nuevo Gobierno central sobre la policía adscrita ya que la postura del Ministerio "aun no está definida", y de él depende "en gran parte" su continuidad.

Con todo, ha defendido la labor de los 45 efectivos que actualmente componen la plantilla y se dedican a vigilancia y protección de edificios y de personas, así como a la unidad del juego, aunque ha remarcado la falta de personal hasta completar los 78 efectivos que deberían integrarla.

El consejero también ha aprovechado para recordar que el 90% de los servicios están concentrados en la protección de los edificios de la Junta General y la sede de la Presidencia cuando el resto, más de un centenar, se protegen con seguridad privada que tiene un coste de nueve millones de euros, cantidad que, entiende, podría reducirse de contar con una plantilla adecuada en la policía adscrita.

"No estamos cerrados a ninguna solución pero el tiempo es importante para definir cuanto antes el modelo", ha aseverado apostando por una seguridad pública más amplia y eficiente. De este modo, advierte de que su continuidad podría ponerse en peligro si las condiciones económicas impuestas por el Ministerio fueran "inasumibles" para el Principado o no se amplían efectivos.

La opinión de los grupos

Desde el PP, el diputado José Agustín Cuervas-Mons hizo hincapié en las cantidades que el Principado debe desde 2006 y que no ha liquidado "incumpliendo" el convenio con el Ministerio.

El diputado incidió en que se trata de unos seis millones de euros entre personal y otros gastos corrientes. "No es serio firmar convenios para no cumplirlos", apuntó, señalando que las actuales funciones de la policía adscrita son muy "escasitas", salvo en el caso de la unidad del juego. "La queja no es contra los profesionales sino contra el Gobierno", aclaró.

Por ello, dijo que el principal servicio de la policía debería ser atender a los ciudadanos porque "para vigilar edificios hay otras opciones". "Hay que volver al sentido común. No por tener policía propia se es más asturiano", apuntilló, concluyendo que "este desastre de gestión no es razonable ni comprensible".

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto, Ignacio Prendes (UPyD), afirmó que "es evidente que el modelo está en revisión". "La seguridad que les importa a los ciudadanos es la que se percibe en la calle", cree, añadiendo que la vigilancia de la Junta y Presidencia es una tarea "puramente administrativa" que no motiva "la existencia" de una unidad propia. Respecto al ahorro que podría suponer aumentar efectivos en la unidad adscrita frente al gasto de seguridad privada se ha mostrado cauto hasta conocer datos concretos.

Para IU no puede ponerse en duda el modelo de seguridad para el Principado y reprocha que desde "algunos grupos" se ponga en cuestión, incluso, el propio modelo de competencias y el desarrollo del Estatuto de Autonomía.

La parlamentaria de IU Marta Pulgar considera "trascendente" el gasto de nueve millones de euros en seguridad privada para la protección de edificios mientras no se desarrolla plenamente la unidad de policía adscrita. "Estaremos siempre por el sostenimiento de la seguridad en manos públicas", ha asegurado esperando que la reunión con el Ministerio clarifique la situación.

La diputada de Foro Marina Huerta ha valorado la reunión entre Principado y Ministerio que espera fructifique para evitar que la unidad acabe desapareciendo. "En mi grupo contará con apoyo siempre y cuando el convenio se gestione con transparencia", aseguró.

Finalmente, la diputada socialista Judit Flórez remarcó que la existencia de la unidad de policía adscrita se debe al acuerdo parlamentario y al compromiso gubernamental para cumplir con el modelo estatutario.

Desde el PSOE se muestran favorables a cualquier debate que permita mejorar el sistema de seguridad en el Principado sin caer en demagogias. "El convenio pone exigencias para las dos partes", apuntó, replicando al PP que el actual Gobierno parece que "no es igual de exigente" sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras con otras comunidades ni sobre sus propias obligaciones para ampliar los efectivos.