Izquierda Unida pedirá al Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz que muestre su rechazo al conjunto de modificaciones legislativas planteadas por el Gobierno de la Nación y las medidas de recorte propuestas en materia de derechos sociales al suponer "un ataque sin precedentes a la mayoría social y al estado social y democrático de derecho que propugna el ordenamiento vigente".

Asimismo, la moción que defenderá el diputado provincial de IU, Pedro Romero, pide a la Cámara provincial que inste al Gobierno a la celebración de un referéndum para que sea el conjunto del pueblo español el que "se pronuncie libremente sobre estas medidas, ante la situación de excepción social y económica que atraviesa nuestro país", según informa la formación en un comunicado.

Izquierda Unida entiende que los ajustes del Gobierno únicamente "conllevan más crisis, empobrecimiento y aumento del desempleo y pérdida de los derechos laborales". En este sentido, considera necesaria la aplicación de otra política económica basa en "la recuperación e incentivación del crecimiento y generación de empleo".

Entre estas iniciativas alternativas, la moción plantea la búsqueda de mayores ingresos mediante una fiscalidad progresiva que grave a las grandes fortunas, la modificación del régimen fiscal de sociedades como las SICAV, la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de capitales o el establecimiento del impuesto sobre transacciones financieras.

La formación política critica, asimismo, que este "cúmulo de recortes" de prestaciones y derechos se ha hecho mediante un Real Decreto "y sin negociación alguna con las demás fuerzas políticas, pese al fuerte impacto sobre la sociedad". El diputado provincial enumera en la moción que irá a Pleno el miércoles, una "larga lista de ataques" al sistema actual.

Así, critica el ataque a los parados, reduciendo del 60 al 50 por ciento la prestación que perciben a partir del sexto mes; "mientras tanto, se permite que el sueldo medio de los consejeros del IBEX 35 sea de 7,5 millones de euros, un cinco por ciento más que en 2011". Prosigue la lista Romero con el adelanto del cumplimiento "del pensionazo", la rebaja de un siete por ciento del salario de los trabajadores públicos, con la eliminación de la paga extra o la supresión de programas de empleo y el recorte de prestaciones de ayuda a los dependientes.

El diputado indica que tras esta reforma laboral, el Gobierno hace "otro regalo" a la CEOE eliminando liberados sindicales y bajando dos puntos en su aportación a la Seguridad Social, "con lo que ello conlleva de peligro para el sistema público de pensiones y de trasvase de la renta de los trabajadores a los grandes empresarios".

Por otra parte, considera "injusta e ineficaz" la subida del IVA y apunta como una "reducción de la democracia participativa" el anuncio de reducir en un 30 por ciento el actual número de concejales. Romero cita finalmente, la eliminación por vía presupuestaria de la Ley de Dependencia, haciéndola "inviable" por la eliminación de la cotización del trabajador que atiende al dependiente; el aumento de la crisis de los ayuntamientos al declararse el objetivo de ahorrar 3.500 millones en el ámbito de la Administración Local y finalmente, critica los efectos que tendrá sobre el pequeño y mediano comercio la eliminación de restricciones horarias para el comercio.