El Consell ha aprobado en el pleno de este viernes que un representante de la Intervención General de la Generalitat verifique, antes de reconocer una obligación o proponer un pago, la efectiva realización de las obras, suministros o servicios financiados con fondos públicos y su adecuación al correspondiente contrato o negocio jurídico, siempre que el importe sea de 90.000 euros o superior.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, quien ha subrayado que pretenden tener "mayor control sobre toda actividad contractual" de la administración autonómica al considerar que "a mayor control, más garantía y más seguridad para todos".

Según ha explicado, esa comprobación corría a cargo del propio órgano contratante —la Conselleria o entidad correspondiente— pero, a partir de ahora, cuando esos trabajos tengan importe igual o superior a 90.000 euros (IVA excluido), ese organismo deberá solicitar a la Intervención General de la Generalitat que designe un representante para asistir al acto de recepción y, de hecho, esas prestaciones no se considerarán recibidas si no está presente.

En los contratos de obras, servicios y suministros adjudicados por un importe inferior, la designación se solicitará a la Intervención Delegada, siendo la asistencia potestativa para ésta.