El Gobierno de Zaragoza ha aprobado un crédito participativo a la sociedad Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) por importe de 20 millones de euros, que es la parte que corresponde al Ayuntamiento por su participación en esta sociedad de la cuota de amortización de préstamos y que los bancos reclama que se les abone.

Además de estos 20 millones de euros que aportará el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón destinará la misma cuantía y el Gobierno central 40 millones de euros, aunque la deuda total de ZAV ronda los 400 millones de euros.

"Esperamos que los ingresos por venta de suelo cubran esta cuantía", ha indicado el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, porque de este modo no se tendrían que desembolsar y ha apuntado que "hay posibilidades reales de venta de suelo en la zona".

En rueda de prensa, ha explicado que este crédito participativo no es una ampliación de capital, de modo que la sociedad deberá devolverlo y "aspiramos a que ZAV los devuelva".

Esta cuantía se abonaría en seis años y en 2013 correspondería hacer una pago de un millón de euros, dos millones en 2014 y de forma progresiva se llegaría a los cinco millones en el 2018.

Gimeno ha reconocido que "nos gustaría que el Estado asumiera el conjunto de la sociedad para resolver la deuda porque con los bancos tiene más instrumentos de negociación".

Ecociudad zaragoza

El Gobierno de Zaragoza también ha acordado ampliar en una semana el plazo de presentación de ofertas para que las empresas interesadas acudan al concurso de licitación del contrato de gestión del servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales a través de la sociedad de economía mixta Ecociudad Zaragoza.

Gimeno ha relatado que ya se han resuelto las aclaraciones que las empresas interesadas habían planteado sobre los pliegos de condiciones que regirán el contrato.

A modo de ejemplo, ha indicado que la facturación o el personal han sido algunos de los asuntos que más peticiones de aclaración han provocado y ha querido dejar claro que en esta sociedad municipal tendrá mayoría el Ayuntamiento, que además será el que defina las inversiones y cómo se pagan los recibos.