El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha anunciado este jueves que remitirá a la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía el informe de situación de canales de TDT que, a fecha del 31 de agosto de este año, emiten en múltiples no asignados, lo que supone un uso fraudulento del espacio radioeléctrico. Se da la circunstancia de que estos operadores están difundiendo programas de videncia en horario de protección infantil, lo que constituye una infracción grave de la legislación española.

El pleno del CAA celebrado ayer aprobó esta medida en una decisión que además reclama una decidida intervención y colaboración institucional, así como la sensibilización y ayuda al conjunto de la sociedad y del propio sector para erradicar este fenómeno. De hecho, el Consejo solicitó la intervención de la Fiscalía Superior de Andalucía en octubre del año pasado, al comprobar la proliferación de programas de videncia y esoterismo en horario infantil en televisiones sin licencia, debido a las dificultades para identificar a los responsables de estas emisiones.

Según informa el Audiovisual andaluz en un comunicado, este informe constata la existencia de 62 canales que ocupan de manera ilegal frecuencias libres en los diferentes múltiples habilitados en Andalucía. Una cifra similar a la detectada en 2011 en el Informe de Contenidos emitidos por las televisiones bajo competencia del CAA, que destapó la presencia en el espacio radioeléctrico de 67 señales de TDT (de un total de 127) que correspondían a operadores sin licencia administrativa. Al igual que en dicho informe, los datos de este año revelan que el 76 por ciento de estos canales ilegales se dedican a emitir contenidos esotéricos y paraciencias en horario de protección infantil, algo prohibido en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Las provincias de Málaga, Cádiz y Granada son las más afectadas por la ocupación ilegal de frecuencias de TDT con 16, 12 y 11 señales invadidas, respectivamente, detectadas por el CAA.

La legislación española prevé multas que oscilan entre los 500.001 y el millón de euros por la prestación del servicio de comunicación audiovisual sin disponer de la correspondiente licencia o sin haber cumplido el deber de comunicación previa.

A eso se le suman las sanciones que pueda imponer el CAA por la emisión de contenidos prohibidos en horario infantil en respuesta al firme propósito del Consejo de proteger a los menores de edad de contenidos que puedan perjudicar su desarrollo. Sin embargo, resulta extremadamente difícil identificar a los responsables de estas emisiones, a pesar de los recursos que se están destinando a este fin.

Primera sanción a un tv ilegal

Precisamente CAA acordó también ayer desestimar el recurso de reposición interpuesto por el operador Vit Channel contra el expediente sancionador aprobado por el Consejo en el pasado mes de junio por el que se impuso una multa de 132.500 euros a este prestador de servicio, que además no tiene licencia de emisión, al constatar que emitió a través de varias frecuencias repartidas por toda Andalucía contenidos de videncia dentro de la franja horaria de protección infantil. Se trata de una infracción grave, tipificada en el artículo 58.3 de la LGCA.

Se da la circunstancia de que Vit Channel es uno de los prestadores de servicio que están emitiendo sin licencia y responsable del 61 por ciento de las emisiones ilegales detectadas en este último informe. Es la primera vez que el CAA consigue sancionar a un operador ilegal, y se ha logrado gracias a la cooperación con la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía para su identificación y localización.

La ocupación ilegal de frecuencias interfiere en la adecuada ordenación y regulación del sistema audiovisual en Andalucía y supone, además, una competencia desleal y un agravio respecto a aquellos prestadores que han cumplido estrictamente con los requisitos exigidos para sus emisiones, y más en unos momentos tremendamente difíciles para el sector audiovisual.

Para evitar la proliferación de estos canales, el Consejo recomendó meses atrás a las administraciones públicas, especialmente a los ayuntamientos, que se abstengan de incluir publicidad en las televisiones que carecen de licencia administrativa o título habilitante. También requirió a las empresas que prestan servicios de transporte y difusión de señales de radio y televisión que exijan la licencia o título habilitante al contratar estos servicios.