Iribas dice que los colegios que segregan por sexo "cumplen los principios constitucionales" y no prevé cambios

El consejero señala que el Gobierno "no cree necesario llevar a cabo ninguna medida" sobre la situación de estos centros

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Iribas, ha afirmado que los centros educativos que segregan al alumnado por sexo "cumplen los principios constitucionales" y ha adelantado que el Ejecutivo "no cree necesario llevar a cabo ninguna medida" para cambiar la actual situación.

Iribas ha respondido así en el pleno del Parlamento de Navarra a una pregunta de Izquierda-Ezkerra, que ha criticado que estos centros "discriminan" a los trabajadores por su sexo.

El consejero ha explicado que "de considerar que se vulnerase un principio constitucional, se hubieran tomado ya las medidas necesarias", pero ha defendido que en estos centros "se cumplen los principios constitucionales en las relaciones laborales". "Se trata de empresas que contratan indistintamente a hombres y a mujeres, y luego, respondiendo a su modelo pedagógico y en aras a su libertad, deciden. Por eso en ocasiones serán mujeres o varones los que den clases al alumnado", ha explicado.

Iribas ha indicado que "no es competencia de la Administración establecer dónde ha de producirse el concreto desempeño profesional de un profesor". "A ustedes no les preocupa la libertad, les preocupa la libertad de los que piensan como ustedes", ha indicado.

Así, el consejero ha dicho que "en Navarra en general y también en estos centros en particular se cumplen los principios constitucionales, y si no traigame algo que desmienta eso que he dicho".

Por su parte, la parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha dicho que en estos colegios "se produce discriminación laboral por sexo, porque se seleciona a los profesores por su sexo y no por su capacidad docente o pedagógica".

De Simón se ha preguntado "qué valores, actitudes y normas se pretenden transmitir con esta situación" y ha criticado que "la derecha está financiando centros que discriminan al profesorado en la contratación". "¿Cómo se justifica que el Gobierno consienta esta situación? Deberían recapacitar", ha concluido.

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