La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha trasladado este miércoles a la Junta de Andalucía que "hay que tener mucho cuidado" con los recursos de inconstitucionalidad, todo ello tras conocerse que el Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, por considerar que los artículos 27 y 28 de esta norma estatal "vulneran y dejan sin contenido" competencias autonómicas sobre horarios, rebajas y ordenación del comercio minorista.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse en Sevilla con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, Crespo ha subrayado que este tipo de recursos "deben de existir, pero no se deben de hacer para todo", punto en el que ha referido que la Junta "tiene seis anunciados y otros tres puestos". "Al final pasa lo que pasa, que los ciudadanos ven que es una cuestión política y no técnica", ha añadido.

Al hilo de ello, ha señalado que, cuando José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó la presidencia del Gobierno, "la Junta tenía 20 recursos contra Aznar y los quitó de plano, y eso identifica mucho qué significan", no obstante lo cual ha asegurado que, respecto al decreto de horarios comerciales, "vamos a dialogar sobre ello".

Crespo ha asegurado que el artículo 149.1.3 de la Constitución española "dice claramente que la regulación de los horarios comerciales le compete al Estado", por lo que "no estamos de acuerdo" con la acusación por parte de la Junta de que "estemos invadiendo competencias".

Ha añadido que, en el sector del comercio, el paro alcanza en Andalucía el 14,6 por ciento, mientras que en otras regiones "que son más permisivas con los horarios comerciales", como por ejemplo Madrid, el paro sólo es del 8,3 por ciento, siendo la media nacional del 11 por ciento, de manera que, a su juicio, "en algo influirá que los horarios comerciales se puedan abrir".

Asimismo, ha hecho referencia a un estudio que apunta que con la apertura de los horarios comerciales se podrían crear 160.000 empleos y abrir 17.000 nuevos locales, mientras que habría un incremento de un 1,3 por ciento en el gasto de las familias.