El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha solicitado a los inmigrantes irregulares que acudan al médico "con la misma confianza de siempre" cuando sea "estrictamente necesario".

Oliván se ha expresado de este modo en el acto de constitución del Foro de la Inmigración en Aragón, en aplicación del Decreto que lo crea y regula, en una reunión que ha tenido en el Edificio Pignatelli este martes.

Respecto al Real Decreto-Ley que establece las nuevas normas sobre el acceso al servicio público sanitario, Ricardo Oliván ha señalado que hasta ahora no ha habido "ninguna incidencia fuera de lo normal".

El consejero ha indicado que hay que distinguir entre los inmigrantes irregulares asegurados y los no asegurados y, dentro de este segundo grupo, entre aquellos que tienen recursos y los que no los tienen.

Será un asistente social el que determinará qué ciudadano extranjero en situación irregular carece de recursos suficientes, para lo cual se utilizarán los criterios que se vienen empleando en la Administración.

Cuando los inmigrantes irregulares no tengan recursos y la asistencia sanitaria que necesiten esté contemplada en el Real Decreto dentro de las que costea la Seguridad Social, como es el caso de los embarazos, los partos y las urgencias, se confeccionará una factura "en la sombra" en la que constará la cantidad y el afectado no quedará como deudor de la sanidad "y cuanto tenga recursos se le facturará".

"Hay que distinguir entre facturar y cobrar", ha agregado el titular de Sanidad, quien ha apuntado que "siempre habrá un deudor". Oliván ha dicho que cuando el inmigrante irregular carezca de recursos será el país de origen al que se le repercutirá el coste de la intervención.

Ricardo Oliván ha señalado que el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno de España "no es una ocurrencia de nadie", sino que resulta de la aplicación de una Directiva Comunitaria aprobada en 2007 que determina la forma —administrativa— de atender a los ciudadanos de diferentes países, bajo el principio de que "toda atención sanitaria debe tener alguien que la financie".