La Consellería de Sanidade y la Fiscalía Superior de Galicia apuestan por colaborar en la mejora de la investigación de los episodios violentos en los centros sanitarios gallegos, por lo que han suscrito un convenio con el fin de simplificar y favorecer la denuncia de agresiones contra el personal.

El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha resaltado que se trata de "proporcionar un clima de seguridad y tranquilidad" a estos profesionales que le permita desarrollar "en condiciones óptimas" su trabajo y, además, "generar en la sociedad un efecto educador de repudio" de estos acontecimientos.

Asimismo, el convenio pretende estimular la denuncia de estos incidentes y "favorecer que se pueda denunciar", facilitando la denuncia, para que este tipo de comportamiento "llegue documentado a un órgano judicial". Con ello, Varela ha recalcado que se pretende "erradicar un comportamiento tan poco cívico y perjudicial para estos profesionales".

Por su parte, el Sergas asume el compromiso de crear canales y protocolos de actuación para informar y asesorar a los trabajadores sobre lo que tienen que hacer cuando sucede un incidente, según ha explicado la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera. También ha indicado que se colabora, además, con la Universidade de Santiago para introducir materias sobre prevención y cómo actuar en los programas de formación de las distintas categorías profesionales del Sergas.

"Las agresiones se producen", ha admitido la conselleira, quien ha subrayado que se intenta disminuir el número que hay y trabajar para tener "centros de trabajo más seguros". Según ha apuntado, en el primer semestre de 2012 hubo 111 incidentes, frente a los 162 registrados en el mismo periodo de 2011, lo que supone un descenso de un 30 por ciento.

También ha resaltado que en los seis primeros meses de este año resultaron afectados 142 trabajadores, frente a 213 en el primer semestre de 2011, lo que implica una reducción del 33 por ciento. Según datos del Sergas, disminuyó también la gravedad de los incidentes, ya que las lesiones que requirieron baja médica descendieron de un 6 a un 4 por ciento.

Pocas denuncias

La titular de Sanidade ha explicado que la mayoría de incidentes se refieren a agresiones verbales, y físicas "hay muy pocas". "Lo que se llega a denunciar es un 14 por ciento de agresiones", ha aseverado. Por su parte, el fiscal ha explicado que en función "de su gravedad" pueden constituir un delito o una falta, o en su vertiente más grave, al un delito de atentado contra autoridad, penado con entre 2-4 años de prisión, y de uno a tres años en el caso de atentado contra un funcionario público.

En relación a las motivaciones de estas agresiones, Mosquera ha comentado que "no hay una causa", y los 111 casos contabilizados no dan para "hacer una estadística que sea significativa". Al respecto, Varela ha apuntado que en los registrados en Fiscalía algunos se debían a desacuerdo con el médico por una prescripción o se busca una baja laboral. "La casuística es muy variada y las agresiones pueden proceder del propio paciente o de los familiares más cercanos", ha aclarado.

APOYO

El colectivo más afectado por estos incidentes en Atención Primaria son los médicos, mientras que especializada es el personal de enfermería hecho que, según ha matizado Mosquera, "responde a la composición de las propias plantillas".

"El resultado que queremos conseguir con este convenio es que los profesionales se sientan en un ambiente lo más seguro posible, lo más cordial de trabajo, para que profesionales y usuarios tengan una muy buena relación, pero cuando se produzca algún tipo de agresión los trabajadores se sientan apoyados por la institución para hacer la denuncia consiguiente", ha resaltado.

Mosquera ha recordado que llevan tiempo trabajando en implementar la seguridad de los trabajadores con diferentes medidas, como el botón de alarma, siendo los servicios de urgencias el lugar donde se produce el mayor número de agresiones, así como en las unidades de salud mental. "Esto tiene un efecto disuasorio", ha considerado. "Lo primero que pretendemos es prevenir", ha incidido, para añadir que también se ha mejorado "mucho el registro de casos". "Son unos datos muy favorables pero hay que esperar a final de año para ver cómo se comporta", ha sentenciado.

"La Justicia tiene que tener conocimiento de la situación y el sistema penal se pone en marcha", ha explicado el fiscal, quien ha lanzado el mensaje de "no quede ningún acto de estos sin denunciar porque el mensaje al agresor puede ser que no tienen respuesta penal" y, por lo tanto, "disuadir de reiteración de este tipo de comportamientos".