La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Begoña Fernández, ha propuesto este martes bajar a 15 años el requisito mínimo de antigüedad y suprimir la necesidad de acuerdo vecinal de unanimidad para solicitar la subvención de fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas y actuaciones en manzanas degradadas —que el PSOE prefiere llamar barrios de interés social—. En este último punto, pide incluir las cubiertas y que el proyecto constructivo y selección de empresas esté controlado por el Consistorio.

Así lo ha hecho en rueda de prensa en el Ayuntamiento, en la que ha explicado la propuesta de Ordenanza presentada por su Grupo el pasado 14 de agosto para que pueda ser aprobada en el Pleno, en lugar de un cambio de las bases. "No se cambian las normas a mitad del partido", ha dicho.

El próximo viernes, de hecho, finaliza el plazo para que se emita el informe jurídico sobre esta propuesta, para después ser debatida en Comisión y, de ser aprobada, llevada al Pleno. Una iniciativa que guarda relación por su similitud con las propuesta de cambio -que no de nueva Ordenanza— que defiende el PP.

En este sentido, la edil ha animado al Gobierno Local a repensar las bases de estas subvenciones, diseñadas por Foro, especialmente en lo que se refiere a la antigüedad, para que sea de un mínimo de 15 años y no 25, y que se quite el requisito de unanimidad. En el caso de lo que Foro denomina actuaciones en manzanas degradadas, todavía no ha sido aprobada ni una sola iniciativa, ni siquiera la de Jove. Sobre esta última y la de Roces, el Gobierno Local no ha querido dar plazos.

En barrios de interés social, el PSOE ha incidido en que las ayudas son del 100 por cien, por lo que debería de tener un tratamiento diferente. A esto ha sumado que en el caso de Francisco Iriz (la fracción de Jove), la solicitud es de 2,5 millones de euros, y en el de Portuarios es de 8,5 millones y en Roces, de 15,5 millones, por lo que son cantidades muy importantes. Por este motivo, las garantías públicas deberían ser "muchísimo mayores".

Con relación a ello, el PSOE propone introducir esa garantía pública, es decir, que una vez que se entienda que un barrio puede ser objeto de intervención, el Ayuntamiento encargaría un proyecto básico de intervención, para ser aprobado por Junta previo informe de la Comisión de Urbanismo.

Más control

El proyecto sería hecho por técnicos y avalado por el Ayuntamiento, con lo que las decisiones que toman ahora los vecinos de aspectos técnicos, la tomaría el Consistorio. También se limitaría un coste máximo de la actuación, que permita una optimización de los recursos públicos. Luego las comunidades propietarios adoptarían acuerdo de pedir la subvención y pedir presupuestos a empresas, eso sí, con un control desde la Administración que garantice la transparencia de esa selección.

En la actual convocatoria se excluyen las cubiertas y los impuestos y tasas, pero el PSOE cree que en el caso de barrios de interés social debería incluirse la cubierta, ya que la financiación es del 100 por cien.

También ha incidido en que no es realista utilizar los precios unitarios del catálogo de edificación, por lo que se debería introducir un coeficiente corrector que sería la media de las bajas de las actuaciones del año anterior.

Según Fernández, estas subvenciones son generadoras de empleo, mejoran el confort de las viviendas e introducen un punto básico de equidad. Asimismo, ha exigido al Gobierno Local "rigor", al tiempo que ha destacado que la aprobación de esta Ordenanza sería más garantista, ya que podría estar en vigor a primeros de año. Cuando bases están publicadas las normas deben mantenerse hasta el final de su vigencia, a su juicio.