El Partido Popular acusó ayer al primer edil, Bartolomé Bas (PSOE), de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. Todo ello por la contratación y los pagos del Auditorio (el coste final triplicó el previsto y hubo pagos duplicados, según el PP) y de la piscina cubierta (la constructora tiene empleada a la hija del alcalde, denuncian).El PP también habla en la querella de la «adopción de acuerdos económicos contra el criterio de los técnicos» municipales y acusa al primer edil de usar servicios municipales para cosas privadas y de «adulterar» documentos oficiales.