El discurso y la gestión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, están empezando a convencer cada vez menos dentro y fuera de España.A la presión exterior —especialmente desde el BCE— para solicitar ya la ayuda, se siguen sumando discrepancias en el seno de su partido, el PP,  sobre algunas de las medidas aprobadas aprobadas en las últimas semanas —Monago se ha desmarcado del IVA a la cultura, por ejemplo—. Si a esto sumamos las tensiones internas entre ministros de su Gabinete y otros desmarques por parte de autonomías 'populares' —en el tema de la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles—, a Rajoy se le pone más cuesta arriba el final de año, en el que la situación de España puede empeorar de no cumplir la nueva cifra de déficit acordada con Bruselas —del 6,3%—.

Desde el exterior, el BCE ha dejado clara su intención de comprar deuda española —a cambio de cumplir unas estrictas condiciones—, pero ha matizado que esa petición tendrá que salir del Gobierno. Un 'toma y daca' que puede alargarse en el tiempo y que necesita de un acuerdo entre los líderes europeos —podría llegar a finales de la semana próxima con las reuniones del Eurogrupo y Ecofin—. Un acuerdo difícil también teniendo en cuenta que el principal actor del Viejo Continente, la Alemania de Merkel, se opone a que el BCE actúe en el mercado secundario de la economía española.

A estas presiones se unen también las opiniones de la prensa internacional sobre el anuncio por parte del Ejecutivo de crear el denominado banco malo —una de las medidas que contempla la nueva reforma financiera, la tercera en esta legislatura—, que adquirirá los "activos tóxicos" de las entidades que hayan recibido ayudas públicas para poder sanearlas.

The Economist no cree que la creación de bancos malos pueda dar beneficios —al contrario de lo que opina el ministro De Guindos—, y asegura además que al ser una medida impuesta desde Bruselas —forma parte del Memorándum firmado con Europa para el rescate de la banca—, no será gratuita para la ciudadanía.

El cumplimiento del objetivo de déficit para este año está cada vez más lejos. La cifra pactada con Europa se sitúa en el 6,3%, y en los primeros siete meses ya ha alcanzado el 4,62%, de ahí que el BCE no crea que España pueda cumplir lo acordado en 2012.

Este domingo el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, sí cree que España logrará cumplir los objetivos de déficit y que no será necesario revisarlos este año. Es el único balón de oxígeno que ha recibido Rajoy del exterior.

No obstante, las reuniones que habrá esta semana del Eurogrupo y del Ecofin prevén arrojar luz en la crisis de deuda europea. Allí se espera que los ministros de Finanzas de la eurozona ultimen los detalles del plan del BCE para comprar bonos de países con problemas, así como perfilar la hoja de ruta de la creación del supervisor financiero europeo, que constituye el paso previo para la futura unión bancaria de Europa.

En el plano interno, las presiones al presidente son varias: desde el descontento de sus simpatizantes por incumplir el programa electoral —publicado en recientes encuestas y que reconoció el propio Rajoy— hasta el desgaste y diferencias de criterio de algunos de sus ministros, pasando también por el desmarque de varios presidentes autonómicos.

En la inauguración del curso político el fin de semana pasado en Pontevedra, el presidente del Gobierno reconoció la impopularidad de sus medidas económicas, mientras que poco después reconocía —en su primera entrevista concedida a un medio español desde que es presidente— que había incumplido su programa electoral porque se lo impedía "la realidad". "Entiendo la decepción de los ciudadanos, muchos de ellos que han votado por mi partido", dijo entonces.

Las reformas tomadas por el Ejecutivo de Rajoy, en su mayoría de carácter económico, también han pasado factura a algunos de sus ministros —de hecho, según el último barómetro del CIS la ciudadanía suspende al Gobierno entero—. Cristóbal Montoro con la subida del IVA y del IRPF es un claro ejemplo de ello, aunque no es el único.

Al desgaste se suma el rifirrafe interno dentro del propio Ejecutivo. Los primeros que dejaron ver las discordancias en el Gobierno fueron Montoro y De Guindos sobre si se subiría el IRPF o el IVA. Finalmente, se subieron los dos.

Recientemente, la disputa se ha visto entre Gallardón y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre el caso Bolinaga —que trata la excarcelación del preso etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, asesino de tres guardias civiles y secuestrador de Ortega Lara, y que padece cáncer en la actualidad—. Después de que Interior concediese a Bolinaga la libertad condicional y la Fiscalía interpusiese un recurso, Gallardón complicó todavía más el asunto al respaldar la decisión de Interior y al mismo tiempo apoyar el recurso del fiscal.

Anterior a este ha sido el encontronazo entre Soria y Montoro sobre la política energética propuesta por el primero. Montoro mostró su desacuerdo con algunas de las propuestas de Industria para contener el déficit tarifario, a lo que Soria le respondió que es de su competencia proponer la reforma del sector energético para que luego el Gobierno lo decida, del mismo modo que Hacienda propuso en su día elevar el IRPF y después hubo que subir el IVA.

Y por si toda esta presión fuera poco para Rajoy, también a nivel autonómico surgen propuestas de presidentes pertenecientes al PP que se rebelan contra el Gobierno central.

El último ha sido el presidente extremeño este fin de semana. José Antonio Monago ha anunciado que Extremadura tendrá un IVA del 13% en la cultura —cuando en el resto de España se ha subido del 8 al 21%— y que promoverá un proyecto de ley para compensar la subida del IVA del material escolar al 21%.

No ha sido el único presidente 'díscolo' con la política de Rajoy. En materia sanitaria, las comunidades de Castilla y León y Galicia se han desmarcado de la medida que ha entrado ya en vigor y que priva a los inmigrantes sin papeles de recibir una asistencia sanitaria. Ambas autonomías han dejado claro que seguirán prestando atención sanitaria a estas personas, aunque en el caso de Galicia —gobernada por el 'popular' Feijóo, muy cercano a Rajoy— podría haber intereses políticos detrás relacionados con las elecciones, que se celebrarán el próximo 21 de octubre.