El Gobierno aprueba el Real Decreto que modificará la normativa de las cuencas hidrográficas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el proyecto de Real Decreto por el que se modifican tanto el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986) como el Real Decreto 509/1996 por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Río Tajo
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EUROPA PRESS
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el proyecto de Real Decreto por el que se modifican tanto el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986) como el Real Decreto 509/1996 por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Según ha informado el Ejecutivo, la finalidad del proyecto es crear un marco normativo común para "evitar situaciones discriminatorias entre las distintas cuencas hidrográficas", por lo que la norma vincula la utilización del dominio público hidráulico a la previsión de futuros planes hidrológicos de demarcación, "garantizando un régimen jurídico homogéneo".

"Se ha decidido así teniendo en cuenta que, durante la fase de elaboración de los planes hidrológicos, se ha manifestado la necesidad de armonizar su contenido de conformidad con la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas", explica el MAGRAMA.

Además, argumenta que "la praxis en la gestión y protección del Dominio Público Hidráulico ha evidenciado la necesidad de solucionar insuficiencias y ambigüedades en la aplicación de dicho Reglamento".

Por otra parte, el proyecto persigue armonizar el régimen jurídico de rango reglamentario previsto para la gestión y protección del Dominio Público Hidráulico en relación con el contenido de las normas aprobadas con posterioridad, en cumplimiento de la normativa comunitaria.

En cuanto a la modificación de la normativa sobre vertidos de aguas pluviales, el Gobierno pretende adaptar su redacción para recoger con "mayor fidelidad" el texto de la Directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y dar mayor seguridad jurídica.

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