El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros un real decreto ley de medidas urgentes para paliar los daños causados por los incendios forestales y otras catástrofes naturales que permitirá a las Administraciones y entidades sin ánimo de lucro utilizar a desempleados que cobren el paro para trabajar en la reconstrucción y limpieza de las zonas afectadas.

Los desempleados solicitados para llevar a cabo las obras de reparación tras un incendio seguirán cobrando la prestación o el subsidio, según ha precisado el Ministerio de Empleo. "En ningún caso podrá entenderse que la prestación de esta colaboración implica una relación laboral entre la entidad y el desempleado. El trabajador continuará percibiendo la prestación o el subsidio", especifica.

En este sentido, asegura que la normativa reguladora de estos trabajos de colaboración social en España está integrada por el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que se configura desde entonces como una obligación para los perceptores de prestaciones por desempleo.

En todo caso, este departamento precisa que debe tratarse de trabajos de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad. Estos trabajos deben tener, además, carácter temporal y coincidir con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador desempleado, sin implicar cambio de residencia del trabajador.

En cuanto al procedimiento, señala que las administraciones públicas solicitarán a las oficinas de empleo los trabajadores que necesiten y las oficinas de empleo seleccionarán a los desempleados, previéndose la rotación o sustitución en caso de que el desempleado acepte una oferta de empleo durante la realización de la colaboración.

Para ello, el Servicio de Empleo Público promoverá la celebración de convenios o acuerdos con administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro.

En caso de negativa o incumplimiento de obligaciones por parte del desempleado será aplicable el régimen sancionador previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Según el Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, citado por Empleo, la renuncia no motivada "dará lugar a la suspensión de las prestaciones por desempleo durante un período de seis meses", de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley Básica de Empleo.

Los desempleados solicitados por administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo obras de reparación tras un incendio cobrarán siempre por encima del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 641,40 euros, según ha precisado el Ministerio de Empleo, tras aprobar el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley de medidas urgentes para paliar los daños sufridos en las personas y los bienes afectados por los incendios forestales que contempla esta posibilidad.

Así, las mismas fuentes han precisado que los desempleados "en ningún caso" podrán percibir durante el desarrollo de estas tareas una cantidad inferior al Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo, han recalcado que las administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro que reclamen a desempleados tendrán que aportar la diferencia entre la prestación que percibe y el cien por cien de su base regulatoria.

Igualmente, las mismas fuentes han precisado que, en caso de accidente laboral durante el desempeño de las tareas requeridas, la administración o entidad que haya requerido su colaboración se haría cargo del desempleado al pagar sus cotizaciones.

Si el desempleado sufriera un accidente durante el desempeño de uno de estos "trabajos de colaboración", la empresa o administración que lo reclamó sería la responsable, puesto que paga las cotizaciones.

Durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo no dispone del montante de las ayudas a recuperar las zonas dañadas por los incendio, porque buena parte de ellos están en proceso de valoración y porque la campaña todavía está abierta.

Las medidas para paliar los daños de los fuegos, que en lo que va de año han quemado más de 180.000 hectáreas y se han cobrado la vida de nueve personas, serán ayudas personales, materiales y enseres, a personas físicas y jurídicas y a corporaciones locales que hayan participado en las tareas de extinción. Además, el Gobierno concederá subvenciones para el alquiler, la rehabilitación y la reparación de viviendas dañadas, junto a exenciones fiscales.

Habrá subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de diputaciones y cabildos, a las que les podrán conceder hasta un 50% de su coste. Sáenz de Santamaría ha explicado que será el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente quien, en colaboración con las comunidades autónomas, fijará las zonas de actuación y concretará las tareas de limpieza.