La parlamentaria andaluza del PP por Córdoba Rafaela Obrero ha llevado este miércoles a la Comisión de Salud y Bienestar Social del Parlamento andaluz una proposición no de Ley en la que pide a la Consejería del ramo "que realice, de inmediato, los pagos comprometidos y pendientes con la Asociación Disgenil de Puente Genil (Córdoba), que aseguren su viabilidad y funcionamiento, así como la continuidad de los servicios y la atención a todas las personas usuarias con discapacidad".

Según ha informado el PP, Obrero ha explicado que se trata de que "la Junta pague lo que debe, se trata de que los responsables políticos de esta Consejería en Córdoba atiendan a estos centros y asociaciones, que den la cara y que expliquen qué está pasando para que los pagos se estén retrasando y, sobre todo, que establezca un calendario de pagos que asegure la viabilidad y el futuro de estos centros".

La Asociación Comarcal de Padres de Personas con Discapacidad, Disgenil, se creó en marzo de 2004 con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con distintas discapacidades y de proporcionar a sus familias los apoyos necesarios, en los ámbitos familiar, escolar, formativo, laboral y social.

En la actualidad, esta asociación ofrece una cartera de servicios, que van desde la atención temprana a 75 niños de cero a seis años, asistidos por un logopeda, fisioterapeuta y psicóloga. Además, se ofrecen actividades de apoyo con programas de ocio o de deporte, talleres variados (manualidades, cerámica, jabones, etcétera), como centro ocupacional para 40 usuarios y atención en la unidad de estancia diurna para diez personas.

Las aportaciones de los socios no son suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento y de contratación laboral de esta asociación, por lo que tienen convenios firmados con la Consejería de Salud y de Bienestar Social para las plazas del centro ocupacional y la unidad de día, y del centro de atención temprana, que han venido sufragar una parte importante del coste por plaza.

Sin embargo, según ha criticado Obrero, "los retrasos en los pagos que corresponden a la Consejería de Salud y Bienestar Social están ocasionando graves problemas de financiación para esta asociación, impidiendo hacer frente a las nóminas de los trabajadores y a otros gastos propios del funcionamiento de los servicios, llegando a una situación límite, que no se puede sostener por más tiempo".

La deuda que mantiene la Junta de Andalucía con este centro en los últimos cuatro meses es de 85.426 euros, "lo que está poniendo en peligro los servicios de 200 socios y los empleos de 25 trabajadores", según ha afirmado la parlamentaria andaluza. En la unidad de estancia diurna, según ha detallado, "deben los meses de junio, julio y agosto por una cantidad de 16.875 euros; en el centro ocupacional deben los meses de junio, julio y agosto, por valor de 51.575 euros, y en atención temprana deben los meses de mayo, junio, julio y agosto, por valor de 17.776 euros".

En definitiva, para Rafaela Obrero, la Administración andaluza "debe velar por la protección de los más débiles y minimizar las consecuencias y el impacto de la crisis económica para las organizaciones y asociaciones sociales, que son quienes están trabajando día a día por hacer realidad la inclusión y la integración de las personas con discapacidad en la sociedad andaluza".