Se llama Olga, tiene 55 años y llegó hace tres años a Madrid para cumplir un sueño: vivir cerca de su hija Anna y de sus dos nietos, Anastasia y Yares. Una decisión que la obligó a abandonar su trabajo de escritora en Rostov del Don (Rusia). "Como casi no sabía español, busqué trabajo de todo. Tuve suerte y empecé a trabajar en una casa cuidando de un señor maravilloso", relata con entusiasmo.

Desde entonces hasta ahora ha intentado regularizar su situación. Por desgracia, todo ha sido en vano pese a que su hija lleva siete años casada con un español y una de sus nietas nació aquí. "Los inmigrantes queremos pagar impuestos como los españoles, pero la Administración no nos da los papeles y nos vemos obligados a trabajar sin contrato", explica.

Hace unos meses, la vida de Olga dio un giro de 180 grados. Le detectaron un cáncer vaginal y se lo tuvieron que extirpar. La operación salió bien, pero el tumor se ramificó y hace unos días le tuvieron que volver a intervenir en un hospital madrileño. "Tener cáncer es muy duro, pero es peor dormir con la incógnita de si al día siguiente te atenderán. Es terrorífico", relata indignada.

Esta mujer tenía tarjeta sanitaria por estar empadronada en la casa del señor que cuida. Con la nueva ley que entró en vigor el 1 de septiembre, ha dejado de tenerla. Ahora hace falta haber cotizado a la Seguridad Social. "Mi enfermedad no puede esperar. Perder el tiempo ahora es perder la vida", cuenta entre lágrimas.

Olga no debería tener problemas para ser atendida porque su enfermedad es crónica, uno de los supuestos que seguirán siendo gratuitos. Pero tiene temor e inseguridad y no sabe si tendrá que pagar por la consulta cuando sufra una recaída y si le costearán los medicamentos.

La historia de Olga no es un caso aislado: 910.00 inmigrantes sin papeles (se calcula que 500.000 de ellos ya no residen en España) se quedaron el sábado sin tarjeta sanitaria. A partir de ahora, tendrán que pagar por la asistencia dependiendo de la comunidad en la que residan. Este es el caso de los inmigrantes sin papeles que vivan en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, la Comunitat Valenciana,

Extremadura, La Rioja, Murcia, Navarra. Otras como Asturias y  Castilla y León no cobrarán por la asistencia pero no financiarán las medicinas. En Cataluña tendrán un tiempo para regularizar su situación, pero el Gobierno catalán no ha aclarado qué pasará después. La atención será como hasta ahora en Andalucía, el País Vasco y Canarias. En Cantabria será el médico el que decida qué hacer.

Solo serán atendidos de forma gratuita en toda España los siguientes supuestos: embarazo, parto y posparto, atención a menores, urgencias graves o accidente hasta el alta, y seguimiento de enfermedades crónicas ya tratadas.

La Organización Médica Colegial (OMC) anunció este martes que tienen el compromiso del Ministerio de Sanidad de que ningún profesional sanitario podrá ser penalizado o sancionado por atender a los inmigrantes en situación irregular que, desde septiembre, han perdido su tarjeta sanitaria. Casi 2.000 profesionales se habían declarado objetores e hicieron pública su intención de atender a todos por igual. El cobro de la asistencia sanitaria se hará a través de un seguro privado (si el inmigrante lo tiene), mediante un convenio con su país o se archivará y se le cobrará cuando pase de irregular a legal.