El que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valladolid Antonio García de Coca y el hoy todavía arquitecto municipal Luis Álvarez Aller no han comparecido hoy finalmente ante el juez, donde habían sido citados a declarar como imputados por supuestas irregularidades cometidas durante 2003 en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, tras alegar a última hora problemas de indefensión.

Si bien ambos fueron los primeros en 'desfilar' en su momento ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital desde que en 2008 comenzara la investigación judicial del caso, en esta ocasión el nuevo interrogatorio previsto contra ellos ante el juez José María Crespo ha sido suspendido por éste a petición de los abogados de los dos imputados, después de que ambos, uno ayer y otro hoy mismo, plantearan por escrito la imposibilidad de realizar una defensa con garantías ya que no se les ha facilitado copia de todo lo actuado hasta la fecha.

Las defensas, tal y como ha explicado al abogado de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, Carlos Castro, que ejerce la acusación popular, hacían referencia así a buena parte de las últimas declaraciones prestadas en los últimos meses por otros de los imputados en la causa, entre ellos del propio alcalde, Francisco Javier León de la Riva, así como de antiguos miembros de la corporación (Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos) y de los todavía hoy ediles Gonzalo Hernández Santamaría y Manuel Sánchez, junto con el arquitecto Pablo Luis Gigosos.

Así, y para evitar incurrir en una posible indefensión, el juez ha dado por bueno el alegato de las defensas y ha trasladado el interrogatorio de García de Coca y de Álvarez Aller al sábado día 13 de octubre, según ha indicado el acusador popular, Carlos Castro, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido, con cierta ironía, que los dos aludidos sí estaban a disposición del juez pero que, "como no deben de tener una afición grande por los medios de comunicación, han preferido esperar por los alrededores hasta conocer la decisión del instructor".

El juez José María Crespo deberá también determinar si la citación a otras cuatro personas propuestas por la acusación popular se realizará en calidad de testigos o como imputados. Se trata del secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino Estrada, así como del hoy director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ángel María Marinero; del exsecretario del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Luis de la Hoz Sánchez, y de Juan Cayetano Ayala, quien fuera miembro de la ponencia técnica de la Consejería de Fomento que informó sobre la modificación del PGOU.

Propuesta de cuatro testigos

Al respecto, el abogado de la federación vecinal ha precisado que, en su opinión, los cuatro aludidos deberían comparecer como testigos "al no existir por el momento indicios racionales de criminalidad contra ellos", aunque, ha apostillado, debe ser el propio juez que lleva la instrucción el que tiene que pronunciarse en uno u otro sentido. En este punto, ha recordado que Álvarez Aller declaró inicialmente como testigo y ahora figura como imputado.

En cualquier caso, el acusador popular sí se ha mostrado categórico al calificar de "interesante" la información que los cuatro puedan aportar puesto que todos ellos intervinieron, de una u otra forma, en la tramitación del PGOU.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.